Por Julio Astorga
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) debe difundir las investigaciones sobre un posible ecocidio al sur de Playa del Carmen, en Quintana Roo, producido por las actividades de extracción de la empresa Calica.
Lo anterior, al resolver un recurso de revisión en materia de seguridad nacional promovido por la Consejería Jurídica de Presidencia en contra de resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI) en los que ordenó que se entregara la información en posesión de la dependencia ambiental.
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El 4 de julio de 2022, la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, hizo público a través de su cuenta de la red social Twitter, hoy X, que se había presentado una denuncia en contra de la empresa ante la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para iniciar un arbitraje internacional.
El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que propuso dar a conocer la información debido al interés de la colectividad de conocer los daños al medio ambiente, fue aprobado por mayoría de nueve votos. Los votos en contra fueron de las ministras Loretta Ortiz y Lenia Batres.
La consejera jurídica del gobierno federal argumentó en su recurso en contra del INAI que, de conocerse esa información, se pondría en riesgo el posible litigio internacional en contra de la empresa privada.
Además, señaló que se pondría en riesgo la infraestructura estratégica, pues la empresa privada cuenta con permisos para la explotación de recursos hídricos.
La empresa estadounidense Vulcan Materials Company, dueña de Calica, tiene una concesión en la península de Yucatán para la explotación de recursos pétreos y producir cemento para su exportación.
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Las actividades de dicha empresa fueron cuestionadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien acusó daños ambientales en Quintana Roo. El conflicto del mandatario en contra de la empresa incluye la clausura de sus instalaciones, la oferta de compra del predio e, incluso, una amenaza de declarar a la zona de explotación como área natural protegida.
