Por José Manuel Martínez
Con el objetivo de eliminar “la pulverización de las funciones del Estado” y generar ahorros, el presidente Andrés Manuel López Obrador propone fusionar, integrar y extinguir 16 órganos desconcentrados de la administración pública federal.
De entrada, pide que el Congreso apruebe la eliminación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, un organismo descentralizado y no sectorizado y que en su caso los empleados pasen a la Secretaría de la Función Pública.
Además, propone la fusión de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para que sean operados directamente por la Secretaría de Hacienda, pese a que estos surgieron sin ser sectorizados.
Por su parte, el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, dejaría de ser desconcentrado para ser un área de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, lo mismo que el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.
“Los gobiernos neoliberales mexicanos iniciaron un proceso de creación de nuevos órganos desconcentrados, organismos descentralizados y órganos constitucionales autónomos (…) que generaron una tendencia a la pulverización de las facultades del Estado”, dice la exposición de motivos para justificar la fusión y desaparición de los organismos desconcentrados.
Así, la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, se propone sea una unidad de la Secretaría de Gobernación.
En tanto, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas pasará a ser una oficina de la Secretaría de Cultura.
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Por su parte, la Secretaría del Bienestar absorbería al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y al Instituto Nacional de Economía Social.
La Secretaría del Trabajo, se propone tenga al Instituto Mexicano de la Juventud, y a la Secretaría de Energía se integraría la Comisión Nacional para el Uso eficiente de la Energía.
La Dirección General de Publicaciones, que era una unidad de la Secretaría de Cultura, pasaría, de ser aprobada la reforma, a formar parte del Fondo de Cultura Económica.
Para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes se pretende que sea una unidad del DIF, y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y el Instituto de Ecología y Cambio Climático sean de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Estos 16 organismos descentralizados tienen un presupuesto que supera los dos mil 993 millones de pesos, de los cuales con la desaparición del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción se ahorraría 123 millones de pesos.
En tanto, los cuatro mil 819 trabajadores de estos organismos se integrarían a la plantilla de las secretarías de Estado correspondientes.
