Foto: Cuartoscuro
El gobierno federal, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó este domingo que solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) que se otorguen nuevas órdenes de aprehensión tras la determinación judicial de que ocho militares detenidos por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa continúen su proceso en libertad.
En un comunicado, el gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación, también indicó que solicitará que se revisen las medidas cautelares “tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a la misma jueza a otorgar la prisión preventiva justificada”.
Acusó que “no es de extrañar la posición del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el caso Ayotzinapa“, pues, aseguró, hacer justicia y encontrar la verdad no está dentro de sus prioridades.
“Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso”, indicó.
Recordó que también intentó dejar en libertad al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, a través del cambio de sus medidas cautelares, “lo cual se impidió gracias al trabajo coordinado entre la fiscalía y otras dependencias del gobierno de México”.
La administración de López Obrador también indicó que “una vez más, el Poder Judicial se valió de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia”.
“Encubiertos en tecnicismos, no ponderan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición. No puede pasar desapercibido que fue el mismo Poder Judicial el que liberó a 62 implicados en los hechos al argumentar que habían sido torturados, pero no han actuado en contra de torturadores, como es el caso de Tomás ‘N’ (Zerón), actualmente prófugo en Israel”, acusó.
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La Secretaría de Gobernación afirmó que el Poder Judicial busca favorecer la hipótesis de que desde el gobierno se protege al Ejército y así “seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano y perjudicar el compromiso del presidente de conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos”.
Aseguró que todo esto se da por razones estrictamente políticas. “El daño que se ha hecho es inconmensurable. Con estas decisiones el Poder Judicial mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia”, acusó.
El pasado sábado, una jueza federal en el Estado de México determinó que los ocho militares detenidos por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa podrán seguir su proceso en libertad.
El fallo de la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Proceso Penales Federales, modifica la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dictada a los militares, acusados de desaparición forzada, que había sido impugnada por la defensa.
Los imputados podrían ser liberados este lunes, tras entregar sus pasaportes y pagar una fianza, debiendo además presentarse a firmar al juzgado de forma periódica.
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