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AP.- El intento del expresidente Donald Trump por volver a la Casa Blanca se encuentra amenazado por dos frases que se le agregaron a la Constitución de Estados Unidos hace 155 años.
La Corte Suprema de Colorado prohibió el 19 de diciembre que Trump apareciera en la boleta electoral del estado en virtud de la sección tres de la decimocuarta enmienda, la cual prohíbe desempeñar un cargo público a todo aquel que juramentó cumplir la Constitución y posteriormente “se involucró en alguna insurrección” contra ella.
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Esta es la primera vez en la historia que se ha utilizado la disposición para prohibir que alguien se postule a la presidencia, y es probable que la Corte Suprema federal tenga la última palabra con respecto a si el fallo se mantendrá.
De ratificarse —algo que muchos expertos jurídicos consideran poco probable— será el final de la campaña de Trump, debido a que la decisión del máximo tribunal no sólo sería aplicable en Colorado, sino en todos los estados. También podría abrir las puertas a un nuevo mundo de combate político, en el que en el futuro los políticos recurrirían a fallos jurídicos para eliminar a sus rivales en virtud de la misma cláusula.
Algunos conservadores incluso han planteado la posibilidad de utilizarla contra la vicepresidenta Kamala Harris, quien recaudó fondos para cubrir la fianza de personas encarceladas durante los actos de violencia que siguieron al asesinato del afroamericano George Floyd en Minneapolis. Dijeron que eso también debería considerarse una insurrección en contra de la Constitución.
Hasta el momento, el impacto de la decisión es mínima. Consciente de que el caso muy probablemente iría a la Corte Suprema, el máximo tribunal de Colorado suspendió por una mayoría de cuatro a tres su propia orden hasta el 4 de enero —un día antes de que las papeletas de las primarias vayan a impresión— o hasta que se emita una decisión definitiva.
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Técnicamente, el fallo sólo es aplicable para Colorado, y los secretarios de Estado de otras entidades han estado emitiendo comunicados en los que declaran que Trump continúa en las boletas de las primarias o asambleas partidarias de sus estados.
Pero esto podría envalentonar a otros estados para eliminar a Trump de las papeletas. Algunos activistas han solicitado a funcionarios electorales estatales que tomen la medida de forma unilateral, aunque ninguno lo ha hecho. Se han interpuesto decenas de demandas, pero todas habían fracasado hasta que se emitió el fallo en Colorado.
La Corte Suprema federal nunca se ha pronunciado respecto al significado de la sección tres. Los jueces pueden escuchar el caso cuando quieran una vez que la campaña de Trump presente su apelación, la cual no se tiene prevista para esta semana. Posteriormente, el máximo tribunal podría emitir una determinación de diversas formas: desde ratificar el fallo hasta anularlo o evadir las cuestiones centrales por tecnicismos jurídicos. Pero muchos expertos advierten que sería riesgoso dejar sin respuesta un aspecto constitucional de tal relevancia.
Siempre es peligroso tratar de predecir un fallo de la Corte Suprema. El máximo tribunal se compone de seis jueces designados por republicanos, incluidos tres que fueron nominados por el mismo Trump. En parte debido a que se trata de un terreno jurídico completamente nuevo, es difícil predecir cómo votará cada juez basándose en su ideología.
Algunos de los más férreos defensores de utilizar la sección tres contra Trump han sido destacados teóricos jurídicos y abogados conservadores que argumentan que los tribunales deben apegarse a las palabras escritas en la Constitución. Aquí, afirman, no hay margen de maniobra para la interpretación: Trump claramente está descalificado.
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Los siete jueces del máximo tribunal de Colorado fueron designados por demócratas. Pero se dividieron cuatro a tres en su determinación. La mayoría hizo referencia a un fallo de Neil Gorsuch —uno de los jueces conservadores nombrados por Trump para la Corte Suprema— durante su época de juez federal en Colorado. En ese entonces decidió que el estado hizo bien al no inscribir en la papeleta presidencial a un ciudadano naturalizado nacido en Guyana debido a que no cumplía con los requerimientos establecidos en la Constitución.
Los tribunales, sin embargo, suelen titubear mucho al momento de limitar las opciones de los electores. Incluso existe un término jurídico para ello: la “cuestión política”, si es mejor que una disputa jurídica sea resuelta por las personas que los votantes eligieron para crear las leyes o por jueces que no llegaron al cargo vía elección popular. Ese es uno de los motivos por el que todas las otras demandas relacionadas con la sección tres habían fracasado hasta ahora.
En ocasiones, los tribunales han evadido la cuestión central. Eso fue lo que sucedió en Minnesota, donde la Corte Suprema del estado permitió que Trump permaneciera en las boletas porque, según halló, el partido local puede poner a quien le plazca en las boletas para las primarias.
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Un tribunal de apelaciones de Michigan llegó a la misma conclusión. Un juez de Nueva Hampshire desestimó la demanda que interpuso un candidato presidencial republicano poco conocido, argumentando que la cuestión de si Trump debía estar o no en la boleta estaba fuera del alcance de los jueces.
La sección tres de la decimocuarta enmienda se elaboró para evitar que antiguos miembros del gobierno o el Ejército Confederado volvieran a ocupar cargos en el gobierno.
“No podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector para elegir presidente y vicepresidente, ni desempeñará cargo civil o militar alguno bajo la autoridad de Estados Unidos o de cualquier estado, quien (…) haya tomado parte en alguna insurrección o rebelión contra los mismos o haya prestado ayuda o facilidades a los enemigos del país. Pero el Congreso, por medio del voto de dos terceras partes de cada Cámara, podrá eliminar esa incapacidad”, dice el texto.
La cláusula se utilizó a menudo durante los años posteriores a la Guerra Civil, pero cayó en desuso después de que el Congreso otorgó amnistía a muchos veteranos confederados en 1872. El único registro de su uso en el siglo XX, según expertos jurídicos, fue como justificación para negarse a ratificar a un legislador socialista en 1919 porque se oponía a la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial.
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