Por Julio Astorga
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el ministro Javier Laynez Potisek no se encuentra impedido para dar trámite a la acción de inconstitucionalidad interpuesta en contra de la reforma que eliminó 13 de los 14 fideicomisos judiciales.
La consejera jurídica de Presidencia, María Estela Ríos, promovió el impedimento en contra del referido ministro.
Te puede interesar: Presidencia pide que el ministro Laynez no esté a cargo del caso de la eliminación de los fideicomisos del PJF
En uso de la palabra, el ministro Laynez Potisek aseguró que los impedimentos no son procedentes en los casos de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.
“No considero afectada la objetividad”, dijo el ministro.
Con una votación unánime de los ministros, el máximo tribunal desechó el impedimento de presidencia por su notoria improcedencia.
El 15 de noviembre, le fue turnada a la ponencia del ministro Laynez Potisek la acción de inconstitucionalidad 214/2023, que fue interpuesta por senadores de la oposición en contra de la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, dos días después se presentó el impedimento por la consejera jurídica, quien es uno de los perfiles que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su terna para suplir la vacante que dejó Arturo Zaldívar.
“Vengo a solicitar que el ministro Javier Laynez Potisek se excuse para conocer de la acción de inconstitucionalidad señalada al rubro”, se lee en el impedimento promovido por la Consejería Jurídica.
Puedes leer: Suprema Corte turna al ministro Javier Laynez la impugnación contra la extinción de los fideicomisos del PJF
Los ministros de la Suprema Corte no encontraron razones suficientes para determinar que el ministro se deba excusar en este caso.
El pasado 10 de noviembre, la Presidencia de la República pidió a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, atraer los juicios de amparo promovidos contra la extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PFJ), al señalar que los jueces están impedidos para resolver con imparcialidad los casos.
