El subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, arremetió este martes desde la conferencia matutina en Culiacán contra dos jueces que otorgaron suspensiones para frenar la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial y que sus recursos sean transferidos a la Tesorería de la Federación, y los señaló de beneficiarse de la figura de amparo.
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El funcionario federal indicó que el juez Juan Fernando Luévano Ovalle concedió una suspensión provisional para que las autoridades se abstuvieran de aplicar la reforma para extinguir y cancelar los fideicomisos, y para frenar de manera inmediata la entrega de los recursos de la Judicatura Federal.
Indicó que, el pasado 9 de noviembre, el juez Luévano Ovalle confirmó la suspensión definitiva al concluir que la reforma puede tener consecuencias jurídicas de difícil reparación, las cuales pueden trascender al interés social de que se mantenga la división de Poderes y la autonomía presupuestaria.
En tanto, señaló a la jueza Elizabeth Trejo Galán por otorgar una suspensión provisional a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial para que “las cosas se mantengan en el estado que guardan” y se frene la aplicación de la reforma a los órganos del PJF.
“De acuerdo con la jueza Trejo Galán de no otorgarse esa medida se corre el riesgo de afectar derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación”, señaló el subsecretario de la SSPC.
“La jueza Trejo Galán pertenecía a la asociación de jueces y magistrados que hoy es beneficiaria de esta suspensión provisional”.
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La Presidencia de la República pidió el viernes pasado a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, atraer los juicios de amparo promovidos contra la extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, al señalar que los jueces están impedidos para resolver con imparcialidad los casos.
“La SCJN debe atraer y resolver de forma prioritaria los asuntos, toda vez que existen características excepcionales y trascendentes al verse involucrados intereses económicos de jueces, magistrados y demás personal del PJF”, señaló en un comunicado.
Señaló que las medidas cautelares impiden de manera indefinida que la Tesorería de la Federación pueda disponer de los recursos de los fideicomisos para que sean destinados a Acapulco, puerto afectado por el paso del huracán “Otis”.
