Gobierno de AMLO expropia 90 inmuebles privados para la construcción de cinco tramos del Tren Maya

Gobierno de AMLO expropia 90 inmuebles privados para la construcción de cinco tramos del Tren Maya
Foto: Cuartoscuro

El gobierno federal publicó este martes un decreto por el que se expropian 750,734.660 metros cuadrados, que corresponden a 90 inmuebles de propiedad privada, para la construcción de varios tramos del Tren Maya, obra impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto para expropiar las propiedades por “causas de utilidad pública” para la construcción de los tramos 1, 2, 3, 6 y 7 de la obra.

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Los inmuebles se ubican en los municipios de Palenque, Chiapas; Tenosique y Balancán, Tabasco; Escárcega, Campeche y Dzitbalché, en Campeche;  Tixkokob, Maxcanú, Umán, Mérida, Chocholá, Tixpéhual, Kanasín, Cacalchén e Izamal, en Yucatán además de  Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Tulum, en Quintana Roo.

“La expropiación incluye las construcciones e instalaciones que se encuentren en los bienes inmuebles y que formen parte de ellos”, se detalla en el DOF.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) será en cargada de ocupar de manera inmediata el territorio expropiado.

En tanto, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Sedatu deben trabajar de manera coordinada para indemnizar a las personas que se acrediten como dueños de los terrenos con el monto autorizado.

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Las personas interesadas tienen un plazo de diez días hábiles después del decreto, que entra en vigor desde su publicación, para controvertir el monto de indemnización.

En el documento se justifica la expropiación de la propiedad privada al considerar al Tren Maya como el proyecto de infraestructura y desarrollo económico más importante del sexenio del presidente López Obrador. 

“El Tren Maya es un proyecto orientado a incrementar la derrama económica del turismo en la Península de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente de la zona, desalentando actividades como la tala ilegal y el tráfico de especies y propiciar el ordenamiento territorial de la región”, señala el documento.

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