AP.- El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, y su vicepresidenta, Karin Herrera, se reunieron este martes con el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, con quien hablaron de migración, seguridad y sobre la transición democrática prevista para el 14 de enero de 2024.
La visita de Nichols se da días después de que miles de manifestantes salieran a las calles y cerraran por 20 días más de 100 puntos en carreteras en todo el país en protesta contra la fiscal general, Consuelo Porras, a quien responsabilizan de intentar desvirtuar el voto de millones de ciudadanos en las elecciones generales que le dieron la victoria a Arévalo.
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Después de cinco días de habilitar los pasos, este martes de nuevo organizaciones convocaron protestas en algunos puntos del país.
Nichols se encuentra en Guatemala, donde se ha reunido con varios sectores, pero no contempla encontrarse con el presidente Alejandro Giammattei; su visita es parte de una gira que incluye una reunión en El Salvador con el presidente Nayib Bukele para abordar también temas de seguridad y migración. Las conversaciones han sido sin acceso a la prensa.
En un comunicado de prensa enviado por la dirección de Comunicación del presidente electo Arévalo, se informó que en la reunión se abordaron temas como desarrollo y economía, cambio climático, seguridad, Estado de derecho e inversión.
Se dialogó, además, sobre cómo solucionar la crisis política en el país.
“Nichols reiteró su compromiso por la defensa de la democracia en el Estado de Guatemala, así como su apoyo al proceso democrático de transición rumbo a la toma de posesión el próximo 14 de enero”, dice el comunicado.
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En un mensaje en su red social X (antes Twitter), Nichols publicó fotografías de su reunión con Arévalo y dijo que compartió con el presidente electo que espera “poder trabajar más con su equipo cuando asuma el cargo”.
Estados Unidos ha mantenido tensas relaciones con el gobierno de Alejandro Giammattei, debido a los intentos de la fiscal Porras de judicializar el proceso electoral.
Porras, junto a sus fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y Leonor Morales, investiga al Movimiento Semilla —el partido que llevó a Arévalo a ganar la presidencia— así como a Arévalo, al proceso electoral, a los magistrados del tribunal electoral y a más de 100 mil ciudadanos que de forma voluntaria recibieron, contaron y resguardaron los votos de los civiles en elecciones.
Tras la primera vuelta electoral, cuando se oficializó que Arévalo disputaría la presidencia ante la ex primera dama Sandra Torres, la fiscalía aceleró sus investigaciones contra Semilla y logró que el juez Fredy Orellana suspendiera la personalidad jurídica del partido, con miras a que Arévalo no participara en una segunda vuelta electoral, de la que salió ganador.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se negó a cancelar a Semilla, pues la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de rango constitucional, no permite suspensiones durante el proceso electoral. Entonces, la fiscalía emprendió acciones contra los magistrados del TSE y solicitó que se les retirara la inmunidad sin que hasta el momento se haya resuelto la petición.
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La fiscalía también actuó contra la adquisición del sistema de cómputo usado para dar los resultados electorales y contra el proceso electoral, argumentando que investigaba un fraude denunciado por un ciudadano. Allanó sedes electorales, revisó voto por voto y secuestró actas electorales, que dejaron de estar bajo el resguardo del TSE.
Las acciones de la fiscalía desencadenaron protestas y cierres de carreteras organizados por autoridades indígenas, que hasta hoy persisten en algunos puntos del país. La arremetida judicial ha generado el rechazo a nivel nacional e internacional derivando en críticas sobre la intención de la fiscalía de socavar la democracia guatemalteca.
Misiones de observación nacional e internacional dieron como válidos los resultados de las elecciones.
Porras, Curruchiche, Monterroso y Orellana están sancionados por el gobierno estadounidense, a quienes se les retiró la visa de entrada a aquel país por obstruir la lucha anticorrupción y socavar la democracia en el país, también por emitir resoluciones judiciales con fines políticos.
