Una jueza de distrito ordenó al Congreso de Yucatán legislar en materia de desaparición de personas en acato a un amparo que otorgó a una ciudadana que tardó 10 años en recuperar los restos de dos familiares desaparecidos por la negligencia de las autoridades.
El pasado 28 de marzo, Wuendi Araceli Durán Monforte promovió un amparo en contra de la omisión del Congreso estatal de armonizar la ley local conforme a lo establecido en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que entró en vigor el 17 de noviembre de 2017.
Puedes leer: Colectivos de búsqueda acusan irregularidades en los registros oficiales de desaparecidos
Tras la entrada en vigor de dicha ley, los Congresos locales contaban con 80 días para legislar en materia de desaparición de personas. Sin embargo, a casi ocho años de su promulgación, el Congreso de Yucatán ha sido omiso.
El pasado 22 de julio, Karla Alexandra Domínguez Aguilar, jueza tercera de distrito en el Estado de Yucatán, amparó a Wuendi Araceli y ordenó al Congreso local armonizar la ley.
La jueza consideró que el Congreso estatal al no armonizar la ley afectó directamente a los familiares de desaparecidos, debido a que se impide la coordinación entre las autoridades estatales y federales en la instauración de un procedimiento especial de declaración de ausencia, según el amparo indirecto 529/2023.
De acuerdo a una notificación publicada este lunes, el secretario general del Poder Legislativo de Yucatán informó las acciones que está llevando a cabo el Congreso para cumplir con la orden judicial.
El amparo fue promovido por Wuendi Araceli, con ayuda de las organizaciones Iniciativa Sinaloa y Border Hub, quien tardó 10 años en recuperar los restos de su madre y hermana asesinadas y desaparecidas en el municipio de Tekak, en 2013.
Recomendamos: Acusan que datos del nuevo censo de desaparecidos anunciado por AMLO pueden tener un uso electoral
En un comunicado, las organizaciones señalaron que la omisión del Congreso ha afectado a las víctimas debido a que se ha frenado la formación de instituciones especializadas en el registro y búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas.
Hasta el momento, en Yucatán se tiene registró de 315 personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
