AP.- Mientras compite por la nominación presidencial republicana, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, promociona una serie de medidas que ha impulsado y que han llevado a un aumento en los libros prohibidos o restringidos no sólo en las escuelas de Florida sino en otros estados conservadores.
El año pasado, Florida se convirtió en el primero de una ola de estados en promulgar leyes que facilitan que los padres cuestionen los libros en las bibliotecas escolares que ellos consideren pornográficos, que tratan de manera inapropiada los problemas raciales o que son inadecuados de alguna otra manera para los estudiantes.
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Los libros incluidos en las regulaciones de Florida comprenden novelas gráficas explícitas sobre cómo crecer como persona LGBTQ+, un libro para niños basado en una historia real de dos pingüinos machos que crían a un polluelo en un zoológico y “The Bluest Eye”, una novela de la ganadora del premio Nobel Toni Morrison que incluye descripciones de abuso sexual infantil.
Ciertos libros que cubren temas raciales también han sido retirados de los estantes de las bibliotecas, a veces temporalmente, mientras las autoridades escolares intentan evaluar qué materiales están permitidos según las nuevas reglas.
El día antes de que DeSantis ingresara a la carrera presidencial a principios de esta semana, una escuela en el condado de Miami-Dade colocó el poema “The Hill We Climb”, de Amanda Gorman, en una lista restringida para estudiantes de primaria después de que un padre se quejó.
Los motivos de la objeción al poema, que Gorman leyó durante la toma de posesión del presidente Joe Biden, no estaban claros. La versión del libro sigue estando disponible para los estudiantes de secundaria, pero Gorman criticó la decisión de restringirla para los grados más jóvenes y dijo que les robaba a los niños “la oportunidad de encontrar sus voces en la literatura”.
Si bien los esfuerzos para prohibir libros o censurar material educativo han surgido esporádicamente a lo largo de los años, los críticos y partidarios le dan crédito a DeSantis por inspirar una nueva ola de legislación en otros estados conservadores para regular los libros disponibles en las escuelas y, a veces, incluso en las bibliotecas públicas. La cantidad de intentos de prohibir o restringir libros en los Estados Unidos el año pasado fue la más alta en los 20 años en que la Asociación de Bibliotecas del país ha estado monitoreado tales esfuerzos.
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EveryLibrary, un comité de acción política nacional, dijo que está siguiendo al menos 121 propuestas diferentes presentadas en las legislaturas estatales este año dirigidas a bibliotecas, bibliotecarios y educadores. El grupo dijo que 39 de esas propuestas permitirían el enjuiciamiento penal.
“Realmente está abriendo camino”, dijo Tiffany Justice, cofundadora del grupo de padres conservadores Moms for Liberty, con sede en Florida, cuyos miembros han impugnado libros en bibliotecas de varios estados. “Lo que hace Ron DeSantis que creo que es efectivo es que usa todas las palancas del poder para lograr un cambio a largo plazo”.
“Otros gobernadores”, dijo Justice, “están prestando atención y siguiendo su ejemplo”.
En Arkansas, la gobernadora republicana Sarah Huckabee Sanders firmó una ley, que entrará en vigor este verano, que podría imponer sanciones penales a los bibliotecarios que, a sabiendas, proporcionen materiales “dañinos” a menores.
La ley también establecería un proceso para que el público cuestione los materiales y solicite que sean reubicados en una sección a la que los menores no puedan acceder.
En Indiana, las bibliotecas escolares deberán publicar antes del 1 de julio una lista de los libros que ofrecen y proporcionar un proceso de quejas para los miembros de la comunidad bajo una ley que el gobernador republicano Eric Holcomb firmó en este mes. En Texas, se envió al escritorio del gobernador republicano Greg Abbott un proyecto de ley con nuevos estándares para prohibir libros en las escuelas que le gobierno estatal considere demasiado explícitos.
En Oklahoma, la junta escolar estatal aprobó nuevas reglas que prohíben “materiales pornográficos y contenido sexualizado” en las bibliotecas escolares y permiten a los padres presentar quejas formales. Las reglas aún deben ser aprobadas por el gobernador republicano Kevin Stitt.
DeSantis insiste en que los libros en realidad no están “prohibidos” en las escuelas de su estado, y prefiere llamar a la eliminación forzada de algunos libros “opciones de curación que son consistentes con los estándares estatales”.
“No ha habido un solo libro prohibido en el estado de Florida”, dijo DeSantis en una transmisión en vivo el miércoles cuando anunció su campaña. Más tarde dijo que “nuestro mantra en Florida es la educación, no el adoctrinamiento”.
Los bibliotecarios, los defensores de la libertad de expresión, algunos padres y educadores dicen que el impulso está provocado por una pequeña minoría conservadora que tiene una gran influencia en las primarias republicanas, como en la que ahora compite DeSantis.
“Todo esto es parte de su plan para postularse para presidente, y él cree que su denigración de los libros y lo que sucede en las escuelas públicas es su camino hacia la presidencia”, dijo Andrew Spar, presidente de la Asociación Educativa de Florida, el principal sindicato de maestros del estado.
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Kasey Meehan, que dirige el programa Freedom to Read en la organización de escritores PEN America, dijo que, cuando los libros son atacados en Florida, luego se convierten en objeto de quejas presentadas por padres en otros estados.
“Es algo que sigue causando alarma entre las personas que abogan por la libertad de leer o por una diversidad de conocimientos, ideas y libros que estén disponibles para los estudiantes de todo el país”, dijo Meehan.
PEN, a principios de este mes, demandó al distrito escolar de Escambia en Florida por eliminar 10 libros incluidos “The Bluest Eye” y “Lucky”, un libro de memorias de éxito de ventas de Alice Sebold sobre su violación cuando tenía 18 años.
Pero las restricciones se aceleraron en Florida después de que DeSantis firmara proyectos de ley el año pasado que prohibían la discusión sobre orientación sexual e identidad de género en las aulas de jardín de niños a tercer grado, una prohibición que se ha extendido hasta el duodécimo grado.
También creó un mecanismo para que los padres impugnen los libros en las bibliotecas escolares y se centró en cómo se enseñan los temas raciales en las escuelas de Florida.
