Foto: Cuartoscuro
El Consejo de Empresas Globales en México denunció este jueves que la aprobación sin análisis de las reformas al marco jurídico en varios sectores económicos en el país emite una señal desfavorable para el sector.
En un comunicado, el grupo —integrado por 62 compañías— llamó a un diálogo a los tres Poderes de la Unión para un mejor análisis de estas modificaciones, y que considere al sector privado.
“Si todas estas propuestas se continúan aprobando de manera intempestiva, tal y como fueron presentadas, sin una adecuada consulta y sin tomar en consideración la visión del sector privado, se envía una señal negativa a las empresas”, indicó en el documento.
El organismo indicó que hay iniciativas que podrían poner en peligro los compromisos del Estado con socios comerciales a nivel internacional.
“Estas ponen en entredicho la seguridad jurídica, lo que genera incertidumbre para las inversiones presentes y futuras, además aleja a la economía nacional de los objetivos de crecimiento de su sociedad”, añadió.
El consejo destacó que actualmente el país se encuentra en una posición privilegiada ante fenómenos económicos como el “nearshoring”.
Y afirmó que las empresas se encuentran en disposición de colaborar con los poderes de la Unión para beneficio de la inversión a largo plazo.
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“Es fundamental que se escuchen todas las voces y que las decisiones del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial se apoyen en las mejores prácticas internacionales para garantizar la permanencia de México como un actor relevante en la economía mundial”, apuntó.
Hasta el momento, los diputados y las comisiones del Senado han aprobado la reforma a la Ley de Aeropuertos y la Aviación Civil, la que define la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la Ley Minera.
Los diputados también avalaron la propuesta que expide la Ley General en materia de Humanidades, Ciencia, Tecnologías e Innovación; también la que elimina la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; la que destina los ingresos de visas de extranjeros a las obras prioritarias del gobierno, como el Tren Maya y la Ley de Instituciones de Crédito.
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