Este martes se lleva a cabo la continuación de la audiencia inicial contra Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), en la cual un juez podría vincularlo a proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público por el incendio que dejó a 40 migrantes muertos en Ciudad Juárez.
El funcionario llegó acompañado de su médico privado al Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Juárez a la audiencia programada a las 9:15 de la mañana.
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La audiencia inicial de formulación de imputación contra Garduño inició el pasado viernes, sin embargo, fue diferida para este martes.
“Informales que se acaba de diferir la audiencia para el martes y eso me impide alguna declaración adicional porque estoy en un proceso judicial”, dijo Garduño al salir de los juzgados el viernes.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Garduño de ejercicio ilícito del servicio público por “incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes“.
De acuerdo con el artículo 214 del Código Penal Federal, dicho delito, que no amerita prisión preventiva oficiosa, se sanciona con uno a siete años de prisión y hasta con 50 días de multa.
Por otra parte, a las 2:00 de la tarde un juez deberá decidir si procesa o no por ejercicio ilícito del servicio público al otro alto funcionario involucrado, Antonio Molina, director general de Control y Verificación Migratoria del INM.
La defensa de Garduño intentará demostrar que no son los directivos quienes fallaron el día del incendio. “El actuar de ambos y de todo el Instituto fue el adecuado”, indicó a AP uno de sus abogados, Rodolfo Pérez, quien trasladó toda la responsabilidad a la empresa privada que estaba a cargo de la seguridad de las instalaciones.
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La compañía había sido contratada por el INM y, según la investigación, incurrió en numerosas irregularidades generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios.
La defensa de los directivos, que trabaja tanto para Garduño como para Molina, también asegura que la fiscalía no ha hecho una investigación seria del tema y que trató de manipular a testigos para poder enjuiciar a algunos de los agentes migratorios de menor rango, con lo que su acusación se acabará cayendo, indicó Pérez.
Cuarenta migrantes murieron asfixiados y casi una treintena resultaron heridos en el incendio del 27 de marzo en una estación migratoria provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, junto a la frontera con Estados Unidos.
En la estación se registró un incendio mientras los migrantes estaban recluidos sin que ningún guardia abriera la celda para liberarlos, según quedó constatado por las cámaras de seguridad.
Ni Garduño ni Molina ha dejado su cargo tras el suceso y el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene su respaldo al jefe del INM.
Con información de AP
