La audiencia inicial de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), por el incendio que dejó 40 migrantes muertos, fue diferida para el próximo martes, informó él mismo al salir del Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez.
“Informales que se acaba de diferir la audiencia para el martes y eso me impide alguna declaración adicional porque estoy en un proceso judicial”, dijo Garduño al salir de los juzgados.
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Garduño no mencionó si se separará de su cargo como titular del Instituto Nacional de Migración.
“Desde que llegué a Ciudad Juárez el día 28 (de marzo), horas después del lamentable y doloroso acontecimiento, mi primer objetivo fue atender a las víctimas, asistir a los hospitales, concurrir y apoyar en los servicios médicos que se requirieran, en el traslado de estos enfermos, de estas víctimas a hospitales de primer nivel de la Ciudad de México“, dijo.
Garduño aseguró que su segundo objetivo fue trasladar los cuerpos de los fallecidos a sus países de origen.
“Mi objetivo fue atender a los familiares y estar atento con ellos para otorgarles visas para que puedan ingresar al país y permanezcan en el territorio nacional las veces que ellos lo requieran. Y mantuve comunicación permanente con los consulados para el reconocimiento de los fallecidos, así ha sido mi actuación y he estado pendiente y aquí estaré”, mencionó ante medios de comunicación.
El próximo martes 25 de abril, Garduño enfrentará una audiencia judicial en la que será imputado por el ejercicio ilícito del servicio público, delito que no tiene prevista prisión preventiva de oficio.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de “incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes“.
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La FGR también señaló que ha identificado un patrón en el actuar de los directivos del INM “en el que se han omitido las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos”.
De acuerdo con el artículo 214 del Código Penal Federal, dicho delito se sanciona con uno a siete años de prisión y hasta con 50 días de multa, y no amerita prisión preventiva oficiosa.
Con información de EFE
