Un tribunal colegiado declaró infundada una queja que promovió Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, con la que buscaba impugnar la resolución de un juzgado de distrito de no otorgarle una suspensión provisional contra la aprobación o ratificación de su extradición a Estados Unidos, país donde es requerido por narcotráfico.
El pasado 27 de marzo, Abigail Ocampo Álvarez, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México negó la suspensión provisional a Guzmán, quien promovió un amparo para evitar que un juez se abstenga en ratificar su extradición.
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Al negarle la suspensión, la jueza determinó que las autoridades pueden continuar con el procedimiento de extradición del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, sin embargo, no podrá ser extraditado hasta que se resuelva el amparo.
Por lo anterior, la defensa de Guzmán puso una queja el 31 de marzo que fue radicada en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en el Estado de México.
El pasado 3 de abril, dicho tribunal por unanimidad determinó infundado el recurso de queja, que estuvo a cargo de la magistrada Irma Rivero Ortiz de Alcántara, de acuerdo con el expediente 74/2023.
Por su parte, la jueza de distrito tiene programado para el 21 de abril a las 10:45 horas la audiencia constitucional en la que definirá si concede el amparo al hijo de “El Chapo” contra su extradición.
El pasado 7 de marzo, un juez federal notificó durante una audiencia a Guzmán la solicitud formal de extradición del gobierno Estados Unidos
“No soy la persona que dice que reclama Estados Unidos”, dijo Guzmán López durante la audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.
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Hasta el momento, las autoridades mexicanas aún no han determinado si aprueban su extradición.
Además, desde que fue detenido a inicio del año, “El Ratón” promovió diversos amparos para frenar su extradición, que aún están pendientes de resolverse en juzgados federales.
Ovidio es uno de los objetivos prioritarios del gobierno de Estados Unidos, que ofrecía 5 millones de dólares por su captura desde diciembre de 2021 por las acusaciones de delitos de conspiración para la introducción de drogas a ese país.
