AMLO envía a diputados una iniciativa para fusionar o desaparecer 18 órganos desconcentrados

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Foto: EFE

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma para la fusión, integración y extinción de 18 órganos desconcentrados, descentralizados, fideicomisos y unidades administrativas y la trasferencia de sus funciones a secretarías de Estado

“Se busca que el aparato burocrático de la Nación se aboque a la satisfacción de los derechos humanos de la población, fundamentalmente a la educación, la salud y la vivienda, además de garantizar la seguridad ciudadana, la cultura y las comunicaciones, entre otras prioridades nacionales”, argumenta el presidente López Obrador en el proyecto enviado a los legisladores.

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La propuesta, según la exposición de la iniciativa presidencial, busca reorganizar la estructura orgánica de la administración pública federal para “eficientar los recursos públicos, agilizar los procesos administrativos y aprovechar los bienes nacionales adecuadamente”.

De acuerdo con el proyecto del presidente López Obrador, con fecha del 12 de abril, “la reorganización permitirá eliminar la dispersión de recursos públicos, para dirigirlos al cumplimiento de las funciones del Estado y así satisfacer las necesidades sociales y construir la infraestructura indispensable para el desarrollo nacional”.

Del documento presentado por el Ejecutivo federal, que tiene 196 páginas, destaca la propuesta para que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) desaparezca y se asignen sus funciones a la Secretaría de la Función Pública.

Se propone también la eliminación del Fideicomiso de Fomento Minero del órgano de gobierno del Servicio Geológico Mexicano.

La propuesta plantea los siguientes cambios a los órganos desconcentrados: la Coordinación General de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) será una unidad administrativa de la Secretaría de Gobernación.

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La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) debe convertirse en una unidad administrativa del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas será absorbido por la Secretaría de Agricultura; el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura se fusionará con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y se convertirán en un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura.

El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera se convertirá en una unidad administrativa de la Secretaría de Agricultura.

La Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública (SEP) pasará al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). También se integrará el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua se integrará como unidad administrativa de la Conagua, mientras que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático sería una unidad de la Secretaría De Medio Ambiente.

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La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía se convertiría en una unidad administrativa de la Secretaría de Energía. El Instituto Mexicano de la Juventud pasa de ser órgano descentralizado sectorizado a la Secretaría de Bienestar a una unidad administrativa de la Secretaría del Trabajo.

El Instituto Nacional de la Economía Social, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad ahora se convierten en unidades administrativas de la Secretaría de Bienestar.

La Dirección General de Publicaciones, que actualmente forma parte de la Secretaría de Cultura, pasa como unidad administrativa del Fondo de Cultura Económica. El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia se convierte en una unidad administrativa de la Secretaría de Salud.

La iniciativa fue turnada a las comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, de Gobernación y Población para dictamen, y a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para opinión.

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