Por Tania Rosas
Especialistas en combate a la corrupción alertaron del riesgo de la iniciativa presidencial que busca desaparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) y que sus tareas las lleve a cabo la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Jorge Alatorre, presidente del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y Dalia Toledo, directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción en la organización Ethos Innovación en políticas públicas, coincidieron en que la SESNA es independiente y no responde a intereses políticos, lo que está en peligro con la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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“Estaríamos degradando un SNA hacia un sistema anticorrupción centrado e influido por el Ejecutivo y esto trastoca la naturaleza del sistema que pretende que sea una institución de Estado y no de gobierno. De Estado para que trascienda los poderes y las administraciones, y también para que se encuentre, en la medida de lo posible, aislado de las presiones políticas que pudiera haber en cualquier administración”, afirmó Jorge Alatorre.
El presidente del SNA adelantó que ya tiene una estrategia para que los legisladores tengan en cuenta la importancia de la Secretaría Ejecutiva, un órgano técnico que hace mediciones y evaluaciones en materia anticorrupción.
En entrevista con Latinus, Alatorre Flores consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador “está mal informado” al decir que la SESNA duplica funciones y derrocha recursos públicos.
“En términos presupuestales, ese monto que tiene la Secretaría Ejecutiva es ínfimo en comparación con una gran cantidad de dependencias. Los beneficios potenciales no solamente en el corto, sino en el mediano y largo plazo, son muy superiores. Lo que realmente es caro es un país con los niveles de corrupción e impunidad como los que contamos”, opinó.
En el mismo sentido se pronunció Dalia Toledo.
“La SESNA tiene un carácter más autónomo e independiente. El riesgo más importante es justamente que se pierda esa autonomía y con eso, el principal riesgo es entonces que la agenda anticorrupción sea una agenda presidencial y no necesariamente de lo que se requiere en México para combatir la corrupción, de lo que es prioritario o de lo que es urgente”, dijo.
Agregó que el gobierno de López Obrador ha demostrado en diversas ocasiones que quiere debilitar el SNA que se creó en 2015 tras diferentes foros en los que participaron organizaciones civiles, académicos, empresarios y políticos.
“Hay que leer un poco el trasfondo de esta iniciativa que es el interés del presidente de la República por concentrar el poder, por eliminar aquellos órganos autónomos, aquellos actores que podrían contradecir sus ideas o intereses”, declaró.
Dijo que esta afectación también se traslada a los sistemas anticorrupción estatales porque su conformación es una réplica del modelo nacional.
Además, consideró que la SFP ha sido un actor poco relevante en el combate a la corrupción.
“De acuerdo al anexo transversal anticorrupción, la SFP ejerce 18% del gasto anticorrupción para 2023. ¿Qué está haciendo la SFP con ese 18%? Sus acciones son muy poco visibles porque no existe un liderazgo o un proyecto insignia que esté fortaleciendo de manera contundente el Sistema Nacional Anticorrupción”, opinó.
En contraste, dijo, la SESNA ejerce sólo 1.9% del gasto anticorrupción y sí tiene proyectos relevantes como las alianzas que ha hecho con organizaciones civiles para impulsar la Plataforma Digital Nacional, la cual busca consolidar las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios del país, los procedimientos de contrataciones públicas y el listado de funcionarios y particulares sancionados.
