Por Tania Rosas
El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa para desaparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y que sus labores las absorba la Secretaría de la Función Pública (SFP). Con esta propuesta, una dependencia federal y no un organismo descentralizado que no pertenece al gobierno, se encargaría de la medición y evaluación del combate a la corrupción a nivel nacional.
La Secretaría Ejecutiva es el brazo técnico del SNA y coordina los esfuerzos de las instituciones en materia anticorrupción, ya sean autónomas o del Poder Ejecutivo y Judicial, como la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Transparencia, la Fiscalía Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana.
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Al ser un brazo de apoyo técnico y no político de las instituciones de fiscalización y de combate a la corrupción, no obedece órdenes directas de ninguna cabeza, sólo coordina los esfuerzos y difunde avances o retrocesos en las políticas públicas de combate a la corrupción.
Actualmente, la presidencia del SNA no la ocupa el secretario de la Función Pública sino un ciudadano, el presidente del Comité de Participación Ciudadana, quien debe tener mayor comunicación con el titular de la Secretaría Técnica.
Latinus reveló que López Obrador alistaba esta reforma que también convierte a 16 órganos desconcentrados en unidades administrativas, al Fideicomiso de Fomento Minero, en proceso de extinción, lo separa del Servicio Geológico Mexicano.
La única institución que pretende desaparecer es la Secretaría Ejecutiva del SNA, la cual ha buscado eliminar desde 2022. Este organismo desconcentrado no sectorizado tiene 75 empleados de confianza y un presupuesto anual de 123 millones de pesos. López Obrador propone que los recursos y el personal sean parte de la SFP.
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“No se modifica ni la naturaleza ni las facultades del Sistema Nacional Anticorrupción, por el contrario, la racionalización de los recursos que permitirá la supresión del organismo desconcentrado servirá de ejemplo de funcionamiento administrativo adecuado, óptimo y racional en un tema en el que es fundamental no generar estructuras burocráticas injustificadas y opacas, es decir, dispendio de recursos públicos”, justifica la iniciativa presidencial enviada a la Cámara de Diputados.
La iniciativa argumenta que la “obesidad administrativa” generó finanzas públicas poco sanas que provocaron el endeudamiento del Estado para costear el aparato administrativo.
“La crisis de la administración pública desarrollista abrió paso al modelo neoliberal (…) La expansión del aparato burocrático es un reflejo de las prácticas institucionalizadas de clientelismo y corrupción. Las instituciones que se crearon desintegraron la estructura centralista del Estado mexicano, por lo que se fragmentó la administración pública en órganos autónomos, descentralizados y desconcentrados, desplazando a las secretarías de Estado y restándoles facultades”, agrega.
La iniciativa presidencial, como adelantó Latinus, plantea que órganos desconcentrados sean unidades administrativas. Por ejemplo, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), sería unidad administrativa de la Secretaría de Bienestar; el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) sería parte de la Secretaría de Trabajo, y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) se uniría a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
También serían unidades administrativas la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; el Instituto Nacional de Pesca, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático; el Instituto Nacional de la Economía Social; el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, entre otros
