Por Tania Rosas
Pese a contar con un andamiaje legal robusto, la implementación del sistema anticorrupción en México ha fracasado porque hay retraso en la creación de órganos que combaten ilícitos, se simula el cumplimiento de las leyes y existen procedimientos burocráticos cada vez más enredados, concluyó un informe del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC).
Latinus obtuvo un adelanto de la investigación “Sobre el combate a la corrupción en México. Informe país, 2020”, elaborada por el IIRCCC, un instituto del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara, para la cual se analizaron más de 970 mil datos abiertos.
En la investigación que encabeza Mauricio Merino se identificó que en el año 2020, hubo discrecionalidad política en la designación de puestos públicos, es decir, hubo plazas que respondieron a un “sistema de botín”.
“En comparación con el 2005, cuando el Servicio Profesional de Carrera nació apenas con 41 mil 164 plazas potenciales, para el año 2020 había en ese sistema 20 mil 565 plazas menos (apenas el 1.3% del total de los puestos públicos federales)”.
Además, “el Presupuesto de Egresos de la Federación se manejó con amplios márgenes de discrecionalidad, desde su asignación hasta su presentación final, incluyendo zonas de franca opacidad en las transferencias presupuestarias, los gastos indirectos y la adjudicación de contratos”.
Por ejemplo, en 2020, 79% de las contrataciones gubernamentales se llevó a cabo por adjudicación directa, a pesar de que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece ese es un procedimiento de excepción.
Por otro lado, se concluyó que las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no modificaron prácticas discrecionales ni se utilizó el criterio de inteligencia institucional para corregirlas, en consecuencia, se repitieron actos de corrupción en instituciones públicas.
Uno de los avances se tuvo en el Sistema Nacional de Transparencia; sin embargo, “no logró conjurar la cultura de la opacidad en la producción de información ni consiguió la máxima publicidad de la información en posesión de los sujetos obligados”.
Destaca que en 2020 se realizaron 288 mil 353 solicitudes de información, de las cuales fueron atendidas 95.9%, pero cuatro de cada diez solicitudes recurridas ante el INAI no fueron atendidas adecuadamente por los sujetos obligados.
El informe, que se presentará este miércoles, hace un análisis sobre los resultados del Sistema Nacional Anticorrupción y las instituciones que lo integran, además de observaciones sobre la asignación de puestos públicos, presupuesto y otras atribuciones de la administración pública.
