El Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) pidió este martes al gobierno mexicano actuar ante los casos de espionaje contra periodistas y defensores de derechos humanos perpetrados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
A través de una declaración, el comité pidió al gobierno proporcionar una respuesta formal a la alianza— de la cual México es un país fundador— y aplicar un protocolo de actuación debido a que violó los principios del gobierno abierto al incurrir en el espionaje ilegal.
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“Las actividades ilegales de vigilancia digital son incompatibles con los principios de gobierno abierto, disminuyen la confianza de la ciudadanía en sus gobiernos y socavan la seguridad de estos grupos y el papel fundamental que desempeñan”, señaló el comité de la OGP.
Por otra parte, el comité pidió al gobierno, incluido a la Sedena, cumplir con los compromisos de la alianza para establecer “controles democráticos sobre las intervenciones de comunicaciones privadas”
“Alentamos además al gobierno a fortalecer los controles democráticos para evitar la vigilancia digital injustificada de periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos”, señaló.
La petición se dio luego de que Artículo 19 y otras organizaciones revelaron que la Sedena espió con el sistema Pegasus a Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), para interferir en las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales ocurridas en la región de Tamaulipas en 2020.
De acuerdo con la investigación “Ejército espía”, el espionaje contra el defensor comenzó tras un enfrentamiento entre integrantes del Cártel del Noreste y militares que, según la Sedena, dejó 12 agresores abatidos en Nuevo Laredo el 3 de julio de 2020.
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Además, el año pasado, las organizaciones revelaron que también fueron espiados dos periodistas con el malware Pegasus entre 2019 y 2021.
