La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) espió con el sistema Pegasus a Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), para interferir en las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales ocurridas en la región de Tamaulipas en 2020, revelaron este martes Artículo 19 y otras organizaciones.
De acuerdo con la investigación “Ejército espía”, el espionaje contra el defensor comenzó tras un enfrentamiento entre integrantes del Cártel del Noreste y militares que, según la Sedena, dejó 12 agresores abatidos en Nuevo Laredo el 3 de julio de 2020.
Sin embargo, días después el activista documentó que entre los supuestos agresores abatidos fueron identificados por sus familiares Damián Genovés Tercero, un migrante de Chiapas de 18 años que había sido reportado como desaparecido, así como Arturo Garza, estudiante de Ingeniería de 19 años, quien había sido secuestrado por el crimen organizado.
La versión de la Sedena contrastó con la del defensor de derechos humanos, por lo que comenzó el espionaje en su contra.
Una tarjeta informativa secreta, elaborada por la inteligencia militar y filtrado por el grupo Guacamaya, reveló que la Sedena espió las conversaciones que mantuvo Ramos Vázquez con diversos periodistas entre el 16 de agosto y el 26 de agosto de 2020.
Las fechas coinciden con el periodo en que el defensor fue espiado con Pegasus, según un análisis de CitizenLab.
Además, en sus informes la Sedena acusó a Ramos Vázquez de mantener vínculos con el Cártel del Noreste sin ofrecer ninguna prueba, “con la intención de desacreditar las pruebas de abusos militares en Nuevo Laredo el 3 de julio de 2020”, señalaron las organizaciones
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“La nueva evidencia muestra que el Ejército tiene una estructura militar secreta de espionaje ilegal que usa Pegasus para interferir en las investigaciones de abusos militares. Todo con el pleno conocimiento del Secretario de la Defensa Nacional (Luis Crescencio Sandoval)”, aseguró Artículo 19.
Ramos Vázquez es el defensor que documentó el asesinato de cinco jóvenes a manos de militares ocurrido la madrugada del 26 de febrero, en calles de la colonia Manuel Cavazos Lerma, Nuevo Laredo. Tras la denuncia, la Sedena reconoció que los soldados dispararon.
