Por unanimidad, los senadores aprobaron este miércoles un dictamen para reformar el Código Penal Federal para fortalecer los protocolos de atención de los feminicidios, con el objetivo de investigar, sancionar y reparar dicho delito.
En sesión ordinaria, los senadores con 89 votos a favor aprobaron el dictamen para modificar el Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimiento Penales, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley General de Víctimas y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Puedes leer: Aprueban en Cámara de Diputados sancionar a funcionarios que obstaculicen la procuración de justicia en feminicidios
Por ejemplo, se modificó la redacción del marco legal para dictaminar cuándo el crimen se considera un feminicidio, además, se agrega como antecedente de violencia contra la víctima el ámbito comunitario y político.
Asimismo, se establece que cuando el atacante realice este acto en menores de edad, a embarazadas, adultas mayores o con discapacidad, la pena debe de ser más grave, incluyendo también a servidores públicos.
De igual forma, la reforma señala que el atacante perderá todos los derechos con relación a la víctima, por lo cual en caso de que el feminicida tenga un hijo o más, él ya no podrá tener relación alguna con ellos.
Por otra parte, establece que el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales deben de facilitar el acceso a la justicia hacia las víctimas “con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia, perspectiva de género y eficacia y con la debida diligencia”.
En caso de que haya omisión de atender a las víctimas y se compruebe, se debe de realizar una disculpa pública de reconocimiento de hechos y aceptación de responsabilidad por parte del servidor público, con “independencia de otras responsabilidades en que incurra el Estado por la omisión de cumplimiento en la presente Ley”.
Dicho dictamen aprobado por los legisladores pasará el Ejecutivo para su publicación.
El 9 de marzo en la Cámara de Diputados aprobaron la iniciativa para sancionar a los servidores públicos que obstaculicen, retrasen o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración de justicia en casos de feminicidio.
El dictamen busca reformar el artículo 325 del Código Penal Federal, con lo que se establece que si un servidor público retrasa o entorpece, maliciosamente o por negligencia, la procuración o administración de justicia en caso de feminicidio se le dicte prisión de cuatro a 12 años.
Te puede interesar: Congreso de Jalisco aprueba castigar los ataques con ácido a mujeres con hasta 15 años de prisión
También establece que dicho funcionario deberá ser destituido e inhabilitado para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
