Foto: Cuartoscuro
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite recursos de reclamación promovidos por la Presidencia de la República; el presidente del Senado, Alejandro Armenta, y la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Karla Almazán, contra la suspensión del plan B de la reforma electoral, que impide que se aplique en las próximas elecciones en el Estado de México y Coahuila.
Según la lista de notificaciones publicadas ayer en la página de la Corte, el 2 de marzo fueron admitidos los recursos de queja promovidos contra la suspensión que concedió el ministro Alberto Pérez Dayán.
Las impugnaciones fueron turnadas a la Segunda Sala de la Corte, integrada por las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortíz, así como por los ministros Javier Laynez, Luis María Aguilar y Pérez Dayán.
El pasado 20 de febrero, el ministro Pérez Dayán concedió una suspensión contra el primer paquete de la reforma electoral, que entró en vigor en diciembre del año pasado, para que no sea aplicado en los próximos procesos electorales.
El ministro argumentó que la aplicación de dichas reformas en esos procedimientos afectaría irreparablemente al sistema democrático y los derechos fundamentales. También consideró que la reforma fue promulgada una vez que comenzó la veda para hacer modificaciones legales en materia electoral.
La suspensión se otorgó por las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, así como por diputados y senadores de oposición contra la reforma electoral.
El 26 de febrero, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal adelantó que presentó una impugnación en contra de la suspensión y criticó la actuación del ministro Pérez Dayán.
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“Los juzgadores, como todas las autoridades del Estado, están obligados a fundar y motivar sus decisiones, por lo que el ministro Pérez Dayán no puede apartarse de las reglas específicas que establecen las leyes al tramitar los medios de control constitucional, pues la legitimación del Poder Judicial se diluye cuando sus decisiones responden a posiciones políticas o personales”, señaló.
El primer paquete del plan B reformó la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que permite a los servidores públicos en funciones emitir opiniones dentro de los procesos electorales.
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