Por Julio Astorga
En los estados de Yucatán, Nuevo León, Hidalgo y Oaxaca ningún deudor de pensión alimenticia, violentador sexual ni agresor por razones de género puede acceder a cargos públicos, debido a la aprobación en cada una de esas entidades de la Ley 3 de 3 en contra de la violencia, como se les ha llamado a estas reformas de los últimos años.
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De hecho, el impacto de la Ley 3 de 3 va más allá de la protección a las mujeres, pues también buscar proteger a niños, niñas y adolescentes que sufren el abandono de sus padres biológicos quienes no se hacen cargo de sus responsabilidades económicas.
El objetivo de dicha ley es que nadie que elude su obligación familiar tenga algún tipo de responsabilidad con la sociedad al tener un cargo o puesto público.
Sin embargo, al involucrar el tema electoral ha habido resistencia por parte de la clase política para legislar en favor de mujeres e infancias, y así impedir que quienes ejercen violencia económica puedan ser candidatos, dicen integrantes de colectivas feministas que impulsaron estas iniciativas.
Las activistas Diana Luz Vázquez, promotora de la llamada Ley Sabina, y Jennifer Seifert, cofundadora del Frente Nacional contra Violencia Vicaria, coincidieron en entrevistas por separado en que la aprobación de la Ley 3 de 3 es un avance importante en la protección de los menores.
“¿Qué te garantiza una persona que ni siquiera se hace responsable de sus hijos (…) no vaya a querer evadir legalidades y entrar en temas de corrupción?”, dice Jennifer Seifert al destacar la amplia probabilidad de que quienes no son responsables y evaden la justicia por un tema familiar, lleven ese tipo de actitudes al ámbito laboral.
Aunque hay lineamientos hechos por los institutos electorales en el sentido de persuadir a los partidos políticos a que no postulen a quienes ejercen cualquier tipo de violencia en contra de mujeres, esto se queda en recomendaciones al no contar con herramientas para invalidar una candidatura por ser un deudor alimentario moroso.
“Todos los gobernadores tendrían que estar aprobando la 3 de 3 en sus Estados para el proceso de 2024”, exigió Vázquez.
Por ejemplo, en Baja California Sur la Ley 3 de 3 fue aprobada en junio de 2021, pero a la fecha el gobernador morenista, Víctor Castro Cosío, no la ha promulgado, alude que fue vetada por su antecesor Carlos Mendoza días antes de que acabara su mandato.
“Hay mucha resistencia. Somos incómodas porque estamos tocando un tema toral en la agenda”, acusó Diana Luz Vázquez, quien ve que la resistencia proviene de políticos de todos los partidos que eluden sus responsabilidades y ven afectada su imagen de “buenos padres y funcionarios”.
Aunque esta iniciativa ya se presentó en más de 20 entidades continúa en la congeladora, por lo que su cabildeo representa un gran reto.
“Siempre habrá personas con un poco más de poder que las que realmente quieren hacer un cambio, que pongan un pie para evitar que se haga realidad el cambio”, expuso Seifert, pero reconoció que en los últimos dos años ha visto cada vez más voluntad, tanto de mujeres como de hombres por hacer que la situación cambie.
La resistencia es institucional, incluso la CNDH se opone.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es otro obstáculo que ha enfrentado la Ley 3 de 3. El organismo impugnó la ley aprobada por el Congreso de Yucatán bajo el argumento de que la prohibición afecta los derechos laborales de las personas deudoras de pensión alimenticia, así como el derecho a ser votado y de igualdad.
Para Seifert quienes no pagan la pensión alimenticia son deudores, tengan o no tengan un trabajo.
Vázquez mencionó que parece que hay línea federal para que no se aprueben este tipo de leyes, a raíz de casos como el de Félix Salgado Macedonio, acusado de abuso sexual en 2020.
Considera que la impugnación de la CNDH a la Ley 3 de 3 representa un retroceso y una vergüenza para la lucha por los derechos humanos.
“No está comprendiendo una realidad que está pasando con las madres, con las infancias”, dijo.
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“Se ha quedado como un tema de adultos, no hemos puesto en la agenda los derechos de las infancias”, dijo Diana Luz Vázquez sobre la visión que impera todavía sobre la violencia económica en la que los niños, niñas y adolescentes son los principales afectados, cuando no se cubre la pensión alimenticia que corresponde pagar a los padres.
“La sociedad minimiza el tema de la violencia económica”, criticó Seifert.
El incumplimiento de la responsabilidad provoca en muchas ocasiones que las mujeres tengan que buscar fuentes de ingresos extras para solventar los gastos lo que, invariablemente, afecta a sus hijos al no tener tiempo para estar con ellos.
