El Congreso de Oaxaca aprobó una reforma a la Constitución local para prohibir que las personas condenadas por violencia familiar, delitos sexuales o deudoras alimentarias ocupen cargos públicos y de elección popular, por una propuesta del gobernador Salomón Jara, enviada el pasado 1 de febrero.
Por lo que en Oaxaca ningún agresor podrá acceder a algún cargo en el servicio público de los tres poderes del Estado y de los órganos autónomos, con el fin de defender los derechos humanos de la niñez y de las mujeres.
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El decreto aplicará en los tres poderes así como en los organismos autónomos y electorales, y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
“La reforma a la Constitución de Oaxaca en los artículos 21 Bis, 34, 65 Bis, 68, 101, 113, 114, 114 Bis, 114 Ter y 114 Quarter, impedirá el acceso a cargos públicos y de elección popular a mujeres y hombres que hayan sido condenadas o condenados mediante resolución firme por delitos cometidos por razones de género“.
“Por violencia familiar, por delitos sexuales y no estar inscrito como persona deudora alimentaria morosa en cualquier registro oficial a menos que acredite estar al corriente del pago, cancele en su totalidad la deuda o bien, tramite el descuento pertinente ante las instancias que así correspondan, en términos de lo dispuesto en la ley de la materia”, se informó a través de un comunicado.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Luis Alfonso Silva Romo, celebró la unidad de los grupos parlamentarios del Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
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“Con la aprobación de estas iniciativas se protege y se garantiza el interés superior de la niñez, y se continúan sentando las bases para construir un mejor Oaxaca para todos”, expresó.
