Por Jorge Cisneros M.
Un juez federal analiza la demanda de amparo contra cambios en la Ley de Comunicación Social incluidos en el plan B aprobado por la mayoría morenista en el Congreso para modificar las reglas del juego electoral.
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La solicitud de amparo, presentada por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, argumenta que los artículos reformados de la Ley de General de Comunicación Social contradicen las disposiciones de los artículos 6, 7 y 134 de la Constitución porque las modificaciones afectan la manera en que se elaboran y difunden mensajes por parte de los gobiernos.
Si en la Ley de Comunicación previa al plan B se estipulaba que la publicidad oficial debía tener carácter institucional, fines informativos, educativos y de orientación social, ahora se suman conceptos que abren la puerta a propaganda sesgada y manipulada con el objetivo de beneficiar a los gobiernos que la emiten.
Por ejemplo, el artículo VII Bis establece que un ente público puede “difundir el quehacer, las acciones o los logros relacionados con sus fines; información de interés público tendiente al bienestar de la población”.
En palabras de Mariana Calderón, directora del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, organización promotora del amparo, “esta ley de Comunicación social afecta el derecho de los ciudadanos a recibir información que no esté sesgada ni manipulada, lo que queremos es que esto se reconozca y que la comunicación social, y la que debe emitir el gobierno, estén libres de intenciones políticas, y sean neutrales, para informar las acciones que hace el Estado sin estar vinculada a intereses político-electorales”.
Hace unos días el juez aceptó la demanda presentada por el CNLE, organismo integrado principalmente por abogados cuyo objetivo es preservar el Estado de derecho, según se lee en su presentación.
La ruta a seguir ahora es que el juzgador pedirá a la autoridad que emita un informe en el que demuestre la constitucionalidad de la ley, esto es, que sigue los principios establecidos en la Constitución y analice los alegatos de una y otra parte.
Las modificaciones señaladas y otras, que ya fueron aprobadas por ambas Cámaras y publicadas en el Diario Oficial, le dan ventajas a uno de los contendientes en las campañas políticas y dan ventajas desproporcionadas a servidores públicos, señala Calderón.
Esto es así porque les permiten difundir mensajes en todo momento, a diferencia de lo que sucedía antes, cuando sólo se podían difundir “logros” de los gobiernos unos días antes de los informes y unos días después.
“(Gobiernos y servidores públicos) podrán intervenir en la contienda tanto incidiendo como afectando a particulares, les permite opinar sobre particulares, y que puedan hacer uso de los recursos públicos para opinar indiscriminadamente sobre cualquier tema y eso no debe permitirse en ningún estado democrático”, señala la también académica del Instituto Tecnológico Autónomo de México.
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La demanda se suma a otras presentadas por PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano contra la Ley de Comunicación, así como a la que solicitó la Asociación de Municipios de México.
Una cuestión de fondo en la demanda de amparo, concluye la directora del CNLE, es que se respeten las reglas de operación de la contienda electoral porque si éstas se modifican deben cambiar a través de un proceso en el que intervengan todos los involucrados, de otro modo se camina a una contienda irregular e inequitativa.
