Por José Gerardo Mejía
Con 72 votos de Morena y aliados, el Senado aprobó este miércoles el segundo paquete del llamado plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Luego de más de siete horas de discusión, la oposición, conformada por PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, sumó 50 votos en contra del dictamen.
El senador del PAN, José Alfredo Botello, había adelantado que luego de la aprobación por parte de las bancadas de la 4T, comenzaría “el plan C, de los ciudadanos, controversia, y el plan de la Corte”.
“Vamos a impugnar porque vida eterna a los partidos políticos no queda proscrita, puede resucitar después de que se haya crucificado al INE. Morena y sus aliados quieren robarse la elección presidencial del 2024, por eso vamos a votar en contra”, enfatizó.
Durante la discusión y la votación, la senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz colocó una manta convocando a la marcha en defensa del INE que será este sábado y también portó carteles con consignas de “Nos vemos en tribunales y en la Suprema Corte”, mismo que intentaron ser cubiertos por los senadores morenistas con fotos de García Luna y Felipe Calderón.
El dictamen incluye reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, además, expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Autoridades electorales y legisladores de oposición han subrayado que la propuesta presidencial debilita al Instituto Nacional Electoral (INE), debido a que ocasionará el despido de un 80% de los integrantes del Servicio Profesional Electoral y permitirá a gobernantes difundir obras y acciones durante el desarrollo de los comicios.
El lunes 20 de febrero, las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda del Senado avalaron, con 20 votos a favor y 11 en contra, los cambios realizados por la Cámara de Diputados referentes al plan B de la reforma electoral.
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El primer paquete del plan B reformó la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que permite a los servidores públicos en funciones emitir opiniones dentro de los procesos electorales, fue aprobado el año pasado y entró en vigor desde diciembre.
El pasado 21 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió el primer paquete del plan de reforma electoral, pero sólo para los comicios de Coahuila y el Estado de México, a celebrarse el próximo 4 de junio.
El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite siete acciones de inconstitucionalidad contra las reformas a las leyes General de Comunicación Social (LGCS) y General de Responsabilidades Administrativas LGRA).
El año pasado, la Cámara de Diputados aprobó el plan B electoral sin la “cláusula de la vida eterna” para los partidos pequeños, que permitía compartir votos para evitar el retiro de su registro, pero esta modificación no pudo discutirse en el Senado por el cierre del periodo ordinario de sesiones.
Al retomar la discusión, el 20 de febrero las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado ratificaron la eliminación de dicha cláusula.
Los partidos de oposición y el propio Instituto Nacional Electoral (INE) han promovido recursos legales para frenar el plan B y esperan que la Suprema Corte la frene definitivamente.
Por su parte, organizaciones civiles convocaron a una protesta el próximo domingo en distintas ciudades en contra de la iniciativa.
