AP- Han pasado casi dos años desde que Estados Unidos empezó a presionar al gobierno mexicano por violaciones a los derechos laborales, con métodos rápidos de solución de disputas integrados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TMEC), entre México, Estados Unidos y Canadá.
El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden ha interpuesto seis de esas quejas y presume que, por primera vez, alguien está desafiando a los sindicatos antidemocráticos mexicanos de la vieja guardia que han mantenido los salarios dolorosamente bajos durante décadas.
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Sin embargo, trabajadores y organizadores sindicales consideran que los resultados son disparejos. Dicen que es difícil construir un movimiento para un sindicato real de la noche a la mañana, que los empleadores y los viejos jefes sindicales siguen resistiéndose al cambio.
La primera queja fue interpuesta en mayo de 2021, con respecto a los intentos del sindicato Confederación de Trabajadores de México (CTM) para interferir en la votación en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato.
Bajo la presión de la queja de Estados Unidos —que a la larga podría haber derivado en sanciones comerciales–, funcionarios y observadores mexicanos supervisaron una votación sindical absolutamente limpia en la que el sindicato de la CTM de la vieja guardia fue rechazado y uno nuevo e independiente ganó el derecho a negociar.
El nuevo sindicato obtuvo rápidamente un incremento salarial del 8.5% y más bonificaciones.
Del “lado económico, la verdad es que se ve reflejado el cambio, aunque se tardaron un poquito en darnos el aumento”, dijo Manuel Carpio, trabajador de GM. Carpio dice que ello se debió a la reforma en las leyes laborales mexicanas y a la presión ejercida bajo la queja en el marco del T-MEC.
Antes, sindicatos partidarios de la compañía firmaban contratos a espaldas de los trabajadores e impedían que los obreros cuestionaran los contratos, o se apoyaban en la empresa para que despidiera a los disidentes. Carpio dijo que antes era imposible organizar un nuevo sindicato.
“Se veían muchas represalias —de los sindicatos— ”, pero ahora están protegidos por la ley, señaló. Antes, si lo hubieran intentado, “hubieran volado cabezas”.
Sin embargo, las quejas de Estados Unidos no resuelven la situación de manera inmediata, el mejor ejemplo hasta ahora es la planta de autopartes VU Manufacturing en Piedras Negras, Coahuila. Es el único lugar donde Washington tuvo que presentar dos quejas laborales bajo el T-MEC, solicitándole a México que asegure que sus leyes que garantizan la libertad para organizarse estén siendo aplicadas.
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El personal de las instalaciones de VU es femenino en su mayor parte. Con frecuencia las mujeres trabajan turnos de 12 horas en los que ensamblan partes de automóviles. El salario base es de aproximadamente 15 dólares diarios.
Después de que Estados Unidos interpuso una primera queja laboral en julio, la empresa se vio obligada a permitir una votación, pero autorizó que la CTM se quedara en el interior para que intimidara a los trabajadores con el fin de que rechazaran al nuevo sindicato, la Liga Sindical Obrera Mexicana.
Aunque este ganó una votación a fines de agosto por un margen de casi dos a uno, el hostigamiento no ha cesado, y la compañía se ha mostrado renuente a negociar, dijo la organizadora sindical y activista laboral de Piedras Negras, Julia Quiñonez.
La Secretaría del Trabajo indicó en un comunicado que “Manufacturas VU está obligada a negociar de buena fe con la Liga Sindical Obrera Mexicana, por lo que deberá brindar las facilidades necesarias a sus representantes y asesores para que ingresen a las instalaciones, participen en las negociaciones e informen a las personas trabajadoras los resultados de las mismas”.
