Por Enrique Pons Franco
La voracidad de la gran mayoría de los ayuntamientos en México parece no tener fin cuando se trata de extraer dinero de los contribuyentes. Hoy me refiero a la mala práctica, extendida y generalizada en todo el territorio nacional, de exigir a los empresarios, el pago de licencias de funcionamiento, anuencias, permisos o autorizaciones para ejercer determinados giros comerciales o de servicios, y como consecuencia de ello, condicionar su ejercicio.
Si eres empresario habrás recibido “invitaciones”, o en casos más violentos, hasta clausuras. Todo por no pagar las dichosas licencias de funcionamiento. Pues aquí te cuento que, en la mayoría de los casos, la exigencia de dichas licencias es un acto de corrupción institucionalizado que debe ser cortado de tajo en todo el país, pues ni los ayuntamientos ni las demarcaciones territoriales en la Ciudad de México tienen en la mayoría de los casos derecho a cobrarlas.
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¿Pero por qué no pueden cobrártelas? Vamos a ver, por partes. A partir del año de 1979, todos los estados de la República firmaron con la federación, un documento que se llama Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, hecho que dio vida a otro instrumento que se denomina Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. En parte, la finalidad de dicho régimen legal fue que, en los estados y municipios, se suspendieran muchos cobros de impuestos y derechos, a cambio que la federación les entregara algo que se conoce como participaciones federales, como una manera de compensarlos por haber renunciado a cobrarle a los contribuyentes dichas cantidades de dinero, que la mayoría de los casos, además de ilegales, son excesivas, lo que pudiera catalogarse como un robo hormiga del bolsillo del ciudadano, pero peor aún, institucionalizado, porque en muchos casos, cuentan con la aprobación de los congresos locales al contemplarlos en sus leyes de ingresos.
Derivado de ello, el artículo 10-A, fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal Federal señala básicamente que, en los estados, no se pueden cobrar derechos estatales o municipales por licencias, anuencias previas al otorgamiento de estas, y en general concesiones, permisos o autorizaciones, o bien obligaciones y requisitos que condicionen el ejercicio de actividades comerciales o industriales y de prestación de servicios (salvo los que tienen que ver con venta de bebidas alcohólicas).
También señala la ley, que se consideran derechos, aun cuando tengan una denominación distinta en la legislación local correspondiente, las contribuciones que tengan las características de derecho conforme al Código Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos de la Federación, aun cuando se cobren por concepto de aportaciones, cooperaciones, o donativos. Lo anterior, porque los ayuntamientos o los estados han intentado darle la vuelta a la ley tratando de cambiar los conceptos, pero todo con la intención de poder cobrar dichas licencias de manera disfrazada.
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Ahora que sabes que tienes herramientas para defenderte de esos cobros indebidos, hagamos empíricamente el ejercicio de aproximarnos a calcular el tamaño del robo atomizado del que son víctimas millones de empresarios en México producto de esa mala práctica. Según información disponible del Inegi, difundida mediante el esquema de “Resultados definitivos de censos económicos”, (aquí lo puedes ver), en México hay 6 millones 373 mil 169 establecimientos comerciales. De estos, 5 millones 120 mil 250 están en zonas urbanas, y 924 mil 571 en zonas rurales.
También, según datos del Inegi, en México hay 612 mil 259 establecimientos que podrían ofrecer bebidas alcohólicas, por lo que, para efectos de este cálculo, vamos a restarlos del total, porque a ellos, derivado de su giro, la ley sí permite que se les cobren licencias de funcionamiento. Así las cosas, nos quedan 5 millones 760 mil 910 de establecimientos comerciales o de servicios a los que seguramente, en mayor o menor medida, les han hecho algún cobro para poder trabajar.
Ahora bien, ante la falta un precio estandarizado en el país por el cobro de las licencias de las citadas, puesto que es impuesto de forma arbitraria, en este ejercicio fijaremos el costo de una licencia de funcionamiento anual en $3,000.00 (tres mil pesos), aunque te aclaro que he visto casos en donde los ayuntamientos tienen el descaro de cobrar por metro cuadrado del establecimiento. Bueno, ahora saca tu calculadora y haz la multiplicación. ¿Ya tienes el resultado? El monto anualizado es de $17,282,730,000. Cuesta trabajo leerlo, ¿verdad? Pero más trabajo cuesta entender que pocas personas (por no decir nadie) haga nada para cesar esa conducta, que, dicho sea de paso, no es fiscalizada, ni por los congresos locales, ni mucho menos, por el Congreso de la Unión.
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También, como son cantidades relativamente pequeñas como para iniciar un juicio ante los tribunales, la mayoría de los empresarios prefieren pagar para poder trabajar, además que prevalece el temor de ser coaccionados por el gobierno local por medio de clausuras. Prácticamente, nos encontramos ante un “derecho de piso” que es implementado desde y por las administraciones públicas locales.
Así puesto, los candidatos a ocupar en 2024 administraciones públicas municipales, o ser legisladores en los congresos locales o en Congreso de la Unión, tienen la valiosa oportunidad de poner el marcador en ceros en cuanto hace al tópico de una relación entre los contribuyentes, más en estos tiempos, donde la glotonería tributaria local puede alejar las inversiones privadas que tanta falta le hacen al país. Por otro lado, también les corresponde a dichos contribuyentes, sea a título particular, o por medio de sus cámaras empresariales, acudir a las instancias que la ley les permite para frenar los cobros indebidos que por décadas han sido objeto de parte de los ayuntamientos.
Te espero en Twitter como @enrique_pons. Nos leemos la próxima semana.
