AP.— Las autoridades judiciales de Nicaragua acusaron al obispo católico Rolando Álvarez, un conocido crítico del gobierno de Daniel Ortega, de los delitos de conspiración y propagación de noticias falsas, y ordenaron su arresto domiciliario, se informó el martes en Managua.
El portal oficial El 19 Digital publicó además que se ordenó la captura del sacerdote Uriel Vallejos, quien según la prensa, se encuentra exiliado, y se pidió a la Policía Internacional (Interpol) cooperar para su arresto.
Indicó que monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa ubicada al norte, y quien desde agosto pasado estaba bajo vigilancia policial en una vivienda de Managua, fue llevado a los juzgados capitalinos donde fue acusado de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y de “propagación de noticias falsas” en “perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense”.
Monseñor Álvarez es el primer obispo sometido a un proceso penal en Nicaragua. Durante su primer gobierno (1985-1990), Ortega se enfrentó a la Iglesia católica y ordenó la deportación a Honduras del obispo de Juigalpa, monseñor Pablo Vega, pero no se practicaron juicios ni encarcelamientos de sacerdotes.
La información oficial fue acompañada de un par de fotografías del prelado católico sentado frente a una mujer, presuntamente funcionaria de los tribunales y cuya identidad no se precisó. Son las primeras imágenes públicas de monseñor Álvarez desde que la policía lo puso bajo resguardo domiciliario hace casi cuatro meses.
“Asimismo, la autoridad judicial le nombró defensor, le decretó arresto domiciliario y programó audiencia inicial para el 10 de enero de 2023”, precisó la nota de prensa del gobierno.
Añadió que en la misma causa se encuentra el padre Vallejos, párroco del municipio de Sébaco y también crítico de Ortega. Según el texto oficial, el sacerdote es prófugo de la justicia y “la autoridad judicial giró oficio a Interpol para su captura”.
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El papa Francisco ha guardado silencio sobre “la persecución a la Iglesia” denunciada por el obispo Álvarez y por varios sacerdotes católicos que fueron forzados al exilio, y reveló que mantiene un diálogo con el gobierno de Nicaragua. Ortega no ha confirmado lo dicho por el Sumo Pontífice.
El obispo Álvarez había permanecido 15 días sitiado por la policía en agosto pasado en la diócesis de Matagalpa, junto a otras seis personas, tres de ellas religiosas, que fueron arrestadas y llevadas a la cárcel policial de El Chipote en Managua.
En esa ocasión, la policía dijo que investigaba a Álvarez a sus allegados por supuestamente “organizar grupos violentos”. Casi simultáneamente, el gobierno ordenó el cierre de seis radioemisoras adscritas a la Iglesia católica en Matagalpa, 130 kilómetros al norte de Managua.
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Organismos de derechos humanos han denunciado que Ortega mantiene “una campaña de represión y persecución” contra figuras de la Iglesia católica, a quienes acusa de haber apoyado la rebelión social de 2019, que el gobierno sandinista ha calificado como un fallido golpe de Estado.
La policía y paramilitares reprimieron con violencia aquellas protestas cívicas, provocando 355 muertos, más de 2 mil heridos, mil 600 detenidos en distintos momentos y más de 100 mil exiliados, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La crisis política que se inició entonces se agravó tras las elecciones presidenciales de 2021, cuando Ortega se reeligió para un cuarto mandato consecutivo tras haber encarcelado a sus principales rivales políticos, en medio de una ola de arrestos de más de 50 empresarios, líderes opositores, estudiantes, campesinos, periodistas y defensores de derechos humanos que aún continúan en prisión.
