AP.- La justicia argentina abrió una investigación penal contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a la vicepresidenta Rosario María Murillo para determinar si son responsables de delitos contra la humanidad.
La denuncia presentada por dos abogados a solicitud del fiscal, Eduardo Taiano, quien considera que la justicia federal argentina está facultada para investigar violaciones a los derechos humanos ocurridos en otro país, ya que la Constitución nacional reconoce el principio de jurisdicción universal.
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Como primera medida, el juez dispuso el envío de un exhorto a la justicia nicaragüense para que informe si existen causas abiertas sobre supuestas detenciones ilegales y desaparición de personas, dijo el jueves a The Associated Press un funcionario judicial conocedor de la causa y quien pidió anonimato debido a que la pesquisa está en una etapa preliminar.
En el pasado la justicia argentina ha hecho algo similar, al abrir una causa por delitos denunciados en un periodo que abarca la guerra civil española, el régimen de Francisco Franco y los dos años que transcurrieron entre la muerte del dictador en 1975 y la celebración de las primeras elecciones democráticas.
Por ese caso, que data del 2010, un tribunal de alzada de Buenos Aires anuló recientemente el proceso dictado por una jueza a un exfuncionario español que había accedido a declarar ante la magistrada por videoconferencia.
La justicia argentina también habilitó una investigación en 2021 por las denuncias de represión contra el pueblo Rohingya en Myanmar.
En el actual caso y en su pedido el fiscal argentino apuntó contra Ortega y su esposa, así como “quienes dentro de la estructura estatal o para estatal” puedan ser responsables del dictado y ejecución de órdenes para ejercer la persecución “por cuestiones políticas y/o religiosas”.
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Últimamente, el gobierno de Ortega ha intensificado la persecución de sus adversarios políticos y acusa a sus familiares por la vía penal, según organizaciones de derechos humanos.
Decenas de miles de nicaragüenses han huido del país centroamericano en la represión posterior a las masivas protestas de abril de 2018 y han sido detenidos y sentenciados con largas condenas de prisión.
