Por Enrique Pons Franco
Esta semana se ha discutido y resuelto en definitiva por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el juicio de amparo directo que logró poner en inmediata libertad de tres personas que en el año 2015 fueron involucradas en un secuestro por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco. Retomando las palabras del ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, durante una de las sesiones deliberativas: “Estas personas estuvieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado”, pero todo indica que las autoridades de procuración e impartición de justicia locales no fueron capaces de verlo, y estas personas tuvieron que pasar varios años privadas de su libertad, para que apenas unos días atrás pudieran retomarla. De eso quiero hablarte hoy.
Este caso, como es sabido, cobró relevancia pública a raíz de “Duda razonable”, la docuserie de Netflix estrenada apenas en el 2021. A mi juicio, todas nos llevan al mismo destino: el relato de la infamia. La más visible, la cometida en contra de cuatro personas acusadas de un secuestro que, según las deficientes pruebas aportadas por la fiscalía estatal y la “valoración” que de ellas hicieron los juzgadores locales, fueron suficientes para sentenciarlos a 50 años de prisión. Sin embargo, detrás hay otras que no debemos perder de vista.
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“Duda razonable” presentó también la vergüenza de fallarle a la víctima primaria, es decir, a una mujer que fue secuestrada y a la que se le “hizo justicia” porque las instancias de procuración de justicia y los tribunales le presentaron a unos culpables. Para estas autoridades, fue “caso cerrado”. Pero, ¿cómo se llegó allí? La respuesta es bastante clara: por medio de graves afrentas a las instituciones, al debido proceso, y sobre todo, a los derechos de la víctima, de los presuntos culpables, de los abogados que los representaron, pero también, de la sociedad, consumidor final de lo que se conoce como Estado de derecho.
No menos importante es que este caso giró en torno a la estrategia seguida por el equipo legal que representó a los presuntos culpables durante el juicio ante las instancias locales. Se cuestionó si había sido un error no haber apelado la sentencia dictada por el juez de primera instancia, la cual puso en la grave disyuntiva a los acusados y sus abogados de optar entre el mal menor, terminar de cumplir una injusta condena de tres y medio años (la cual, al momento que se dictó estaba casi por terminar debido al tiempo que llevaban en prisión preventiva), o de alargar su proceso penal en otras instancias. Como se presentó en el documental, la Fiscalía de Tabasco hizo uso de ese recurso con el pretendido y cuasi logrado propósito de encerrar varias décadas a tres personas inocentes. De no ser por la intervención de la SCJN varios años después, el trabajo del equipo legal hubiera sido tildado de un fracaso. Por ello, mi felicitación al abogado Andrés Andrade y al equipo que le acompañó, no fue el tiempo el que dio razón a la estrategia, fue la SCJN, el más alto honor al que puede aspirar un abogado litigante, más en materia penal, en la que la vida y la libertad de seres humanos está de por medio.
También debo señalarte, que la importancia de “Duda razonable” no fue nada más darle visibilidad a un caso de los muchos que existen en México sobre violaciones graves a los derechos humanos y la infamia que representa la lentitud con la que trabaja nuestro sistema de justicia. También, como ya he dicho, puso de relieve el trabajo de Andrés, como abogado defensor de los inculpados, y evidenció las tretas, emboscadas procesales y hasta de posibles atentados contra la vida de quienes representan casos incómodos, y de los que se valen las autoridades mexicanas para desgastarlos, someterlos e intimidarlos.
Prueba de ello es que en el “Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados” elaborado por el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recomendó desde el 2011 al Estado mexicano, adoptar de manera urgente un sistema integral de prevención y protección para abogadas, abogados, defensoras y defensores públicos, tanto a nivel federal como en las entidades federativas, para protegerlos de amenazas e intimidaciones, situación que a la fecha, sigue sin ser atendida en todos los ámbitos.
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En ese contexto, “Duda razonable” me lleva a retomar la frase “nada se parece tanto a la injusticia, como la justicia tardía”, atribuida al filósofo romano Lucio Séneca, y aderezarla con tantas cosas que en México se parecen tanto a la injusticia disfrazada de justicia. Elementos como la tortura, la corrupción dentro de los sistemas creados para procurarla e impartirla, y sin lugar a dudas, la colusión de funcionarios públicos en forma de pandilla, para tratar de sostener indebidamente ante los tribunales lo que debe ser un trabajo que exige los más altos estándares de respeto y protección de los derechos humanos de todos los involucrados.
No está de más decirte que este caso se volverá un paradigma para todo el sistema judicial mexicano, pues además que formar jurisprudencia, llevó a la SCJN a apartarse de añejos criterios que se venían sosteniendo y servirá también, para ilustrar el criterio de jueces y magistrados en los procesos penales que se encuentren pendientes de dictar sentencia definitiva.
Por último, una vez que Héctor, Gonzalo y Juan Luis han recuperado su libertad, queda ahora preguntarnos ¿quién va a responderles por esos años perdidos?, ¿quién le dará verdadera justicia a la víctima del secuestro?, y, finalmente, retomando lo señalado por la ministra Yasmín Esquivel, ¿quién será el responsable de estos hechos perpetrados desde las instituciones?
Te espero en Twitter como @enrique_pons. Nos leemos la próxima semana.
