Por Enrique Pons Franco
Durante el tiempo que llevo en el ejercicio de la abogacía no recuerdo una época en la que tantas personas —propias o ajenas al mundo de las leyes, concordantes o no con las políticas públicas, y en general, de la sociedad civil— se hubieran interesado, criticado, observado y opinado tanto sobre los debates que se dan al interior del Poder Judicial de la Federación, pero particularmente, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En menos de un mes, se han dado las discusiones en la arena jurídica y política respecto a la posibilidad de inaplicar la famosa “prisión preventiva oficiosa” del texto de la Constitución Federal; por el documental transmitido en Netflix sobre el caso Florence Cassez; así como por la reciente asignación de labores de seguridad pública a la Secretaría de la Defensa Nacional por parte del Congreso de la Unión, y que son sólo algunos ejemplos de asuntos que han avivado un ejercicio de socialización del derecho entre la población, lo cual, por supuesto es loable. Todos estamos más atentos al quehacer jurídico de quienes están llamados, por un lado, a crear las leyes que nos rigen, y por otro, de los que tienen la labor de interpretarlas.
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Pero es solamente una cara de la moneda. En la medida en que nuestro entorno se judicializa un poco más cada día y que las decisiones que toman los poderes Ejecutivo y Legislativo llegan a la mesa de los 11 ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la par, en cada uno de nosotros comienza a vivir el ministro número 12. Un ministro que no imparte justicia, pero que cuestiona y que en público o en privado puede estar de acuerdo o no con los criterios de los jueces constitucionales más allá de ser un académico o simplemente un reciente aficionado al derecho.
Hasta hace unos años, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM realizaba un estudio denominado “Encuesta nacional sobre cultura constitucional”, el cual, en su última versión disponible del año 2017, arrojaba resultados interesantes tales como que tres de cada cuatro de los encuestados respondieron que la actual Constitución o fue resultado de la Independencia de México, o del movimiento estudiantil de 1968, o simplemente no tenían idea de dónde salió. Vamos, la mayoría de los encuestados no relacionaron la Constitución con la Revolución Mexicana, movimiento dentro del cual se convoca al Congreso Constituyente de Querétaro. Pero hay más.
Casi el 95% de las personas encuestadas manifestaron conocer muy poco o nada la Constitución, mientras que una pequeña minoría del 5% dijo estar familiarizado con el contenido de la misma. Es bastante curioso que casi en esa misma proporción, las mismas personas que expresaron no conocerla, también señalan que esta no se cumple. Son resultados nada alentadores.
La exposición pública de los impartidores de justicia en una sociedad que se encuentra muy poco familiarizada con el instructivo social que contiene la Constitución, al mismo tiempo que puede servir para socializar y permear entre la población sobre la importancia de esta, puede aparejar el efecto de socavar la confianza que pudiera existir sobre las instituciones judiciales.
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Lo anterior no quiere decir, de ninguna forma, que solamente los formados en el Derecho puedan expresarse sobre los debates generados en el ámbito jurídico. Sin embargo, pone de relieve un fenómeno social que puede traer serias consecuencias por lo que representa inundar de información judicial el ánimo social, en un país en el que la mayoría desconoce qué es o para qué sirve su Constitución.
Así, mientras nos formamos como el ministro número 12, te invito a que estemos en contacto en mi cuenta de Twitter: @enrique_pons. Nos leemos la próxima semana.
