Organización ambiental presenta recursos de revisión contra la MIA del Tramo 5 del Tren Maya

La organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano A.C. (DMAS) informó este miércoles que presentó una ampliación de demanda contra la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Tramo 5 del Tren Maya

A través de sus redes sociales, la organización señaló al Juez Primero de Distrito de Yucatán y al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Distrito de ser “cómplices” de los posibles colapsos y el daño irreversible en la zona tras el desmonte y despalme por la megaobra. 

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“Vamos a seguir presentando argumentos y pruebas para que quede constancia de la ilegalidad y ahora complicidad por parte del Poder Judicial”, señaló en un comunicado. 

La ampliación de demanda presentada considera que los resolutivos de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se deben invalidar por incumplir con ordenamientos ecológicos de protección a cenotes y cuevas, así como la falta de estudios de mecánica de suelos. 

DMAS afirmó que el Juez Primero de Distrito de Yucatán otorgó una “suspensión a modo” para detener las obras del Tramo 5 del Tren Maya y después reanudarlas porque contaba con “viabilidad ambiental”. 

Actos contra los que la organización presentó recursos de revisión correspondientes, pues consideraron que el Fondo de Fomento al Turismo (Fonatur) presentó de manera extemporánea la MIA y puntualizó que el Tramo 5 no cuenta todavía con el cambio de suelo forestal. 

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La asociación civil expuso que el Juez Primero de Distrito de Yucatán negó este lunes, de nuevo, una suspensión solicitada en una demanda contra el Resolutivo de impacto Ambiental del Tramo 5. 

Y señaló que los argumentos presentados por el juez “parecen que lo escribió Fonatur Tren Maya”. 

DMAS reclama que el Tramo 5 se fraccione en dos partes y afirma que la obra del Tren Maya se tendría que evaluar como una sola obra. 

“Si divides la obra o actividad para obtener varias autorizaciones, impides se evalúe todo el impacto ambiental completo y es inconstitucional”, se lee en el documento

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