El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó este domingo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) entregar la autorización provisional otorgada para la construcción del Tramo 4 del Tren Maya.
El INAI informó que se debe garantizar la transparencia en los procedimientos derivados de la aplicación del acuerdo presidencial por el que se dio la autorización provisional del Tramo 4 y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación a finales de 2021.
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“Así la sociedad podrá valorar la actuación de las autoridades administrativas en la emisión de autorizaciones provisionales, que permiten la ejecución de un proyecto de infraestructura que es clave para la Administración Pública Federal y que, claramente, tiene efectos sobre el medio ambiente y los recursos naturales de la nación”, expresó comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena al presentar el asunto ante el pleno del organismo.
Aseveró que el INAI promovió en diciembre de 2021 ante la SCJN una controversia constitucional contra el acuerdo presidencial porque se traduce en un obstáculo en la aplicación del principio de máxima publicidad, y que esto dificultaría la difusión y entrega de la información relacionada con proyectos de infraestructura, al considerarlos de seguridad nacional.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó la suspensión respecto de esta vertiente, al considerar que la reserva general que se deriva del acuerdo presidencial afecta nuestra competencia, ya que nos corresponde velar por el derecho de acceso a la información pública”, destacó.
El organismo dio a conocer que una persona solicitó conocer la autorización provisional, y presentó un recurso de revisión ante el INAI, debido a que la Semarnat reservó la información, con base en el artículo 110, fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia, argumentando “que forma parte de un proceso deliberativo”.
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La dependencia federal agregó que proporcionar información sobre las autorizaciones provisionales podría generar presiones para las personas servidoras públicas involucradas en la toma de decisiones, “lo cual afectaría su imparcialidad al momento de emitir una resolución”.
