A través de un comunicado, el gobierno de México solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la prevalencia de la prisión preventiva oficiosa en delitos graves, tema que se discutiría este miércoles en la primera sala y que fue postergado sin nueva fecha.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los ministros que al momento de resolver el proyecto, que propone declarar la invalidez de la prisión preventiva oficiosa, consideren la seguridad pública del país, las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el “esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR)”.
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El gobierno federal consideró que es fundamental que exista la prisión preventiva oficiosa — una medida cautelar que encarcela a los acusados de un delito de forma automática sin que antes se demuestre si son culpables— en ciertos delitos.
Lo anterior para “asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal”, señaló.
Destacó que se debe continuar la prisión preventiva oficiosa porque en muchas ocasiones detener a los criminales implica un gran esfuerzo del Estado en recursos, inteligencia y despliegue de fuerzas.
“Dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura”, apuntó el gobierno de López Obrador.
En la conferencia matutina de este miércoles, el presidente de la República aseguró que el proyecto de la SCJN del ministro Luis María Aguilar Morales que propone declarar la invalidez de la prisión preventiva oficiosa en esencia “busca impunidad y corrupción”.
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El proyecto propone declarar la invalidez del artículo 167 párrafo séptimo del Código Nacional de Procedimientos Penales, con lo cual se eliminaría la lista de “delitos graves” que ameritan prisión preventiva oficiosa. Cabe recordar que la ampliación de esa lista fue promovida por el gobierno de López Obrador.
El ministro recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que la regla general debe ser la libertad de los imputados mientras se resuelve su responsabilidad penal, ya que este goza de la presunción de inocencia.
Y destacó que, en forma excepcional, el Estado podrá recurrir a la prisión preventiva con el fin de evitar situaciones que pongan en peligro la consecución de los fines del proceso.
Es decir, el ministro no busca que se elimine la prisión preventiva, sino que sea aplicada sólo de forma justificada y no de forma automática como actualmente se establece en ciertos delitos.
