El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que el proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del ministro Luis María Aguilar Morales que propone declarar la invalidez de la prisión preventiva oficiosa— una medida cautelar que encarcela a los acusados de un delito de forma automática sin que antes se demuestre si son culpables— en esencia “busca impunidad y corrupción”.
En la conferencia matutina, López Obrador dijo que el proyecto de la Corte busca eliminar los delitos graves y, en el mismo sentido, que los jueces puedan dejar en libertad a quienes ellos decidan.
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“Hoy vamos a dar a conocer eso, porque si los ministros votan así, que se sepa cuando menos de qué se trata. No ocultar nada y les pedí al secretario de Gobernación y a la consejera jurídica que fueran muy claros, porque hay veces que se usan tecnicismos y se habla de tesis y de jurisprudencia y del debido proceso y no se entiende la esencia del asunto”, dio el presidente López Obrador.
La Corte debe resolver las acciones de inconstitucionalidad 130/2019 y 136/2019, que fueron promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y por un grupo de senadores en contra de la prisión preventiva oficiosa.
El proyecto propone declarar la invalidez del artículo 167 párrafo séptimo del Código Nacional de Procedimientos Penales, con lo cual se eliminaría la lista de “delitos graves” que ameritan prisión preventiva oficiosa. Cabe recordar que la ampliación de esa lista fue promovida por el gobierno de López Obrador.
El ministro argumentó que la prisión preventiva de forma oficiosa, absoluta, desproporcionada y automática contraviene los principios constitucionales que rigen la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad.
En el proyecto, el ministro recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que la regla general debe ser la libertad de los imputados mientras se resuelve su responsabilidad penal, ya que este goza de la presunción de inocencia.
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“No obstante, en forma excepcional, el Estado podrá recurrir a una medida de encarcelamiento preventivo con el fin de evitar situaciones que pongan en peligro la consecución de los fines del proceso”, dice el proyecto.
El ministro no busca que se elimine la prisión preventiva, sino que sea aplicada sólo cuando se corre algún riesgo y de forma justificada.
