El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán admitió a trámite la ampliación de la demanda de amparo promovida por Greenpeace que busca frenar la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, está vez, por inconsistencias en la Manifestación del Impacto Ambiental (MIA).
La organización ambientalista Greenpeace aseguró este jueves en conferencia de prensa que en el recurso promovido pide que se frene el Tramo 5 de la obra porque el MIA es inconstitucional al no respetar los derechos a la información y participación en asuntos ambientales.
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Con la ampliación solicitada al juez, Greenpeace busca que se declaren inconstitucionales diversas normas de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
También pide que el Congreso de la Unión adopte las medidas legislativas para reformar dicha ley, y cumpla con el Acuerdo de Escazú, el cual establece que se requiere de la participación informada de la ciudadanía dentro del procedimiento de impacto ambiental.
“Este amparo, además de declarar la inconstitucionalidad de las obras del Tramo 5 del Tren Maya, busca que se reformen leyes y que se sienten precedentes para los proyectos del futuro. Las personas tenemos derecho a obtener información y a participar de ellas si éstas tienen impacto en nuestras vidas”, dijo Luis Miguel Cano, representante legal de Greenpeace en la conferencia.
Según el expediente 1216/2022, el juez Adrián Fernando Novelo Pérez admitió a trámite la ampliación de la demanda de amparo el pasado 1 de agosto.
El mismo juez otorgó hace unos días tres suspensiones definitivas contra el Tramo 5 Sur del Tren Maya, lo que permite que la obra siga en pie.
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Por su parte, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aseguró este miércoles que la decisión del juez “confirma que la autoridad federal acreditó la documentación solicitada”.
“Se cuenta con la autorización de Manifestación de Impacto Ambiental y se solventaron las condicionantes requeridas en las resoluciones”, aseguró la dependencia.
