Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, aseguró este martes que sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en lo general, o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), están facultados para resolver sobre la constitucionalidad de una norma legal.
“Ni el INE ni otra autoridad electoral puede determinar la inobservancia de una norma emitida por el Poder Legislativo“, escribió en redes sociales.
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El senador por Morena agregó que “en este ámbito se aplica el decreto de interpretación aprobado y publicado; su contenido debe observarse, salvo que el órgano jurisdiccional lo declare inválido”.
En otro mensaje, Monreal dijo que el decreto de promoción gubernamental es válido y está vigente hasta que el órgano jurisdiccional lo declare inválido.
“Sólo la SCJN, en lo general, o el TEPJF, en materia electoral, están facultados para resolver sobre la constitucionalidad de una norma legal y, en su caso, la Corte expulsarla del orden jurídico y el Tribunal declarar su no aplicación en el caso concreto”, detalló.
Esta tarde, el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, dijo que el decreto aprobado en el Senado, y por el cual servidores públicos pueden promocionar la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, está mal hecho.
De acuerdo con el consejero, los legisladores de Morena modificaron el inciso incorrecto, pues utilizaron una versión previa de la ley electoral, que estaba vigente en 2014, y no la actual.
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“El decreto de interpretación legislativa está tan mal hecho que modificó una versión previa de la ley electoral (2014), no la vigente”, escribió Ciro Murayama en su cuenta de Twitter.
Agregó que en lugar de reformar el inciso que hace referencia a la propaganda de la consulta ciudadana, se afectó una disposición para evitar la violencia política de género.
El pasado 13 de marzo, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, llamó a los servidores públicos a acatar la ley de revocación de mandato y evitar la promoción de la consulta.
“La violación flagrante de la ley es una manera de inhibir la participación ciudadana en procesos democráticos. Exhorto a todas y todos los actores políticos a respetar la Constitución y las leyes en el actual proceso de revocación de mandato” declaró.
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La semana pasada, el Senado aprobó un decreto que permite a los servidores públicos promocionar la consulta de revocación de mandato sin ser sancionados; decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) unas horas después.
