Por: Enrique Pons Franco
Dentro de la violencia de género hay varias manifestaciones, como la física, psicológica, económica, sexual, política y recientemente se comienza a hacer visible la denominada violencia vicaria (aquella en donde el hombre, sustituye o pone en su lugar a los hijos, con la intención de dañar, y causar el mayor sufrimiento posible a la madre). Al comenzar a familiarizarme con este último fenómeno, conocí casos en donde muchas mujeres, con independencia del tipo de asunto y materia en la que se hayan visto involucradas, son sometidas, ya sea por acción u omisión de las autoridades encargadas de la impartición de justicia, a condiciones que limitan su acceso a lo que justamente es su derecho humano, el acceso a la justicia.
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En otros casos, mucho más graves, con la intervención de los abogados de la parte contraria y con la complicidad de las propias autoridades, se han visibilizado casos en los que muchas mujeres son privadas de su libertad instrumentalizando el aparato de justicia como forma de presión y en otros casos, como venganza contra la mujer. Para entender este fenómeno, del que ya se la ha denominado “violencia judicial contra la mujer”, acudí al apoyo de la Dra. Anabel Chumacero Corral, académica, abogada litigante en materia penal y quien formó parte del primer grupo de mujeres especialistas en la implementación del sistema de justicia penal oral a nivel nacional.
Casos poco visibles
Una mujer, al igual que cualquier persona, puede hacer uso del sistema judicial por diversas razones. Por su condición de víctima de un delito, por que la acusan de haber cometido uno, o porque se encuentra relacionada con los hechos, es decir, como testigo. Sin embargo, un reclamo generalizado es que el funcionamiento del aparato de justicia, cuando se trata de mujeres, está plagado de arbitrariedades, discriminación, atropellos, parcialidad y en muchos casos, de la complicidad de abogados con funcionarios judiciales.
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Allí es cuando la violencia del sistema judicial en contra de la mujer se hace poco visible, en virtud que además de atender la causa que originó su comparecencia ante fiscalías y tribunales, debe preocuparse por derribar los techos invisibles para los encargados del diseño de las políticas públicas.
Prácticas judiciales que violan derechos de las mujeres
Pasan desde el maltrato al momento que la mujer se presenta ante las fiscalías (sea como víctima o imputada), la falta de información precisa por parte de los funcionarios, la ausencia de comunicación clara y entendible por parte de los operadores judiciales, la demora sin motivo en el avance de las carpetas de investigación o de la resolución de los expedientes judiciales, la reticencia de las propias fiscalías para investigar a sus funcionarios cuando son denunciados en casos de complicidad por alguna de las partes, o criterios dispares para la aplicación de la ley cuando se trata de hombre y mujeres, son algunas de las prácticas más visibles y denunciadas. Si bien podría pensarse que la mayoría de estas son generalizadas, la realidad es que cuando se trata de mujeres, estas se agudizan bajo la discriminación e indiferencia.
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No obstante, esta anormalidad poco a poco comienza a tener eco en México, tanto así, que recientemente, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, anunció que visitará el penal femenil de Santa Martha Acatitla, para escuchar las historias de más de 600 mujeres privadas de su libertad que reclaman inocencia, el abuso de la prisión preventiva o persecuciones con la complicidad de fiscalías y tribunales. Sin embargo, todavía habrá que esperar el resultado de esa visita y si se traducirá en el impulso de una política pública eficaz para la protección de las mujeres y evitar así así, la violencia judicial.
La complicidad de abogados y funcionarios
Todos hemos escuchado historias de terror de casos donde mujeres que reclaman la guardia y custodia de sus hijos frente al padre o de asuntos en donde la demanda de pago de una mujer respecto de deudas de carácter civil o mercantil, se convirtieron en autenticas pesadillas en las que terminaron privadas de su libertad.
Presentación de documentos y testigos falsos, integrar declaraciones y entrevistas judiciales simuladas, dilatar sin motivo audiencias, notificaciones que no cumplen formalidades legales, limitar el acceso a expedientes y diligencias judiciales, son todas, malas prácticas que para que sucedan, requieren de la intervención de los abogados y de los funcionarios, en la que el acoso y la violencia judicial, poco tienen que ver con ganar el juicio, sino anular a la contraparte mujer para generar desanimo, estrés, desinterés por seguir adelante y como dije párrafos atrás, una venganza que desencadene la privación de la libertad utilizando el aparato judicial.
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He aquí una valiosa oportunidad para los legisladores, tanto en el Congreso de la Unión, como en los congresos de los estados. Podría ser momento de impulsar dentro de sus competencias constitucionales, una política pública que no solamente proteja a la mujer en esto casos, sino que también inhiba y sancione con severidad esa manifestación de violencia, de la que cualquier mujer puede ser víctima futura.
Nos leemos la próxima. Estamos en contacto en mi cuenta de Twitter: @enrique_pons.
