Por Enrique Pons Franco
Una de las características de la democracia -al menos en la teoría- es la que se conoce como “Estado de derecho”, que conlleva que las actuaciones del poder público están regidas y supeditadas a las leyes, las cuales, tienen que ser elaboradas por el Congreso.
Ahora bien, en un Estado federal como el nuestro, tenemos dos figuras que pueden hacerlas, el Congreso de la Unión (que comprende a una Cámara de diputados y senadores) y los Congresos de las 32 entidades federativas.
Todos estos entes son conformados por un número determinado de legisladores, que sumados todos, nos arroja que en México hay mil 113 congresistas estatales y 628 federales. Es decir, en nuestro país mil 741 mujeres y hombres son los encargados de hacer y aprobar las leyes que rigen a las autoridades y a los ciudadanos. Pero te has preguntado ¿cuánto nos cuestan las leyes? De eso quiero hablarte hoy.
La labor primordial de un congresista debiera estar centrada en el trabajo legislativo, sin embargo, en la práctica sabemos que en pocos casos es así. Esto se debe a diversos factores, entre otros, porque lo que se valora por los partidos políticos para proponer a un candidato y por la ciudadanía para elegir a un legislador en las urnas, más que su capacidad técnica para el desempeñar el trabajo, es su popularidad, la cual, en contadas y honrosas ocasiones se encuentra respaldada por un currículo.
Por otra parte, ni la Constitución, ni las leyes, exigen a los legisladores tener cierta productividad legislativa. Hay casos en que los congresistas terminan su periodo constitucional sin haber presentado una sola iniciativa de reforma o creación de leyes.
Pero volvamos al costo de nuestras leyes y de lo que representa para los mexicanos pagar por su elaboración. En primer lugar, no todos los congresistas en los estados de México reciben las mismas percepciones (denominadas como “dieta”) por hacer un trabajo que, en esencia, para todos es el mismo: hacer y aprobar leyes.
A mi forma de verlo, no existe ninguna lógica para que un legislador en la Ciudad de México gane más que otro legislador en Baja California, siendo que ambos desempeñan el mismo trabajo, con independencia que lo realicen en distintos lugares.
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Quizá, la excepción podría estar para los legisladores federales, que pudieran recibir una percepción mayor (con independencia de que se trate de un diputado federal o un senador) aunque siguiendo la regla de “igual trabajo, igual salario”, representa el mismo esfuerzo y capacidad dentro de su competencia, hacer y aprobar una ley local, que una federal.
Veamos algunos datos que extraje del “Informe legislativo 2021”, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) para medir el costo de los congresos locales.
El año pasado, dichos congresos les costaron a los mexicanos 18 mil 562 millones de pesos. ¿Cómo se llega a esa cifra? Sumando todos los presupuestos asignados por los poderes legislativos en cada estado para el desempeño de su trabajo.
De esta forma, el Congreso de la Ciudad de México fue el más caro del país, pues se gastó dos mil 143 millones de pesos. Del otro lado, Colima fue el más barato, con un total de 153 millones de pesos. Pero hay otras formas de interpretar y medir ese gasto.
Por ejemplo, el IMCO dividió el gasto de todos los poderes legislativos locales, entre el número de habitantes en México, lo que arroja que cada mexicano pagó 147 pesos al año a los mil 113 congresistas locales.
Con esa comparación, entre el número de habitantes, pero ahora, desde el punto de vista de los habitantes de cada estado, frente a su respectivo congreso local, se destacan los casos de Quintana Roo, con un gasto per cápita de 372 pesos, frente a Puebla, con un presupuesto de 53 pesos por habitante.
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Otra medida que realizó el IMCO, fue dividir el presupuesto destinado solo a los congresos estatales y dividirlo entre el número total de legisladores, para obtener el costo promedio por diputado local. De esta forma, tendríamos que el presupuesto destinado a un congresista estatal fue de 12 millones 426 mil pesos.
Sin embargo, los autores del estudio también dan cuenta de las grandes asimetrías que existen entre estados en cuanto al costo de los congresistas. En la CDMX, Baja California, Sonora, Michoacán, Jalisco y Morelos se gastan más de 20 millones de pesos por congresista, mientras que en Campeche, Yucatán, Tamaulipas, Puebla y Colima el presupuesto no excede los 6 millones de pesos por legislador.
Probablemente una solución que resolvería el exceso del gasto en los legisladores locales tendría que venir desde la Constitución Federal. Si existiera una disposición en nuestra ley fundamental que reglara especifica y expresamente las percepciones de los legisladores locales, se evitaría la discrecionalidad en la asignación que tiene cada estado en ese sentido.
Ciertamente, en el 2016, con la reforma al artículo 127 de la Constitución se dieron algunos pasos en ese sentido, en virtud que en México, ningún servidor público puede ganar más que el Presidente de la República.
Sin embargo, ello da pie para que, en la esfera de otros poderes, como acontece específicamente con los legisladores locales, estos puedan tener remuneraciones que basta que estén un peso por debajo del Ejecutivo Federal, para tener por cumplida la regla constitucional, sin tomar en cuenta que tienen funciones distintas y que, además, la más alta responsabilidad que puede tener una persona en el servicio público es la de presidente.
Con lo dicho hasta aquí, puedes darte cuenta que el costo de la democracia implica no solo ver, saber y optimizar los gastos de la administración pública, pues hay otras áreas de oportunidad en la que los gobiernos pueden racionalizar su gasto y utilizarlo para cubrir otras necesidades.
Mientras ese día llega, te espero en twitter como @enrique_pons y en FB como @Enriqueponsfranco. Nos leemos la próxima semana.
