Foto: EFE
La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó ayer miércoles a México la sentencia relativa al caso de la activista Digna Ochoa, emitida el 25 de noviembre de 2021. En ella responsabilizó por unanimidad al Estado mexicano por violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos, ocurridas durante la investigación de la muerte de Ochoa en 2001.
Las secretarias de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE) informaron que acatarán el fallo de la Corte en el que determinó que el Estado mexicano es responsable de graves errores en la investigación de la muerte de la activista Digna Ochoa hace dos décadas, por lo que debe continuar con las indagatorias.
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“El Estado mexicano estudiará con atención las disposiciones del Tribunal Interamericano en su resolución definitiva sobre el presente caso, a fin de cumplir con sus términos de conformidad con sus obligaciones a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, se lee en el comunicado.
El consultor jurídico de la cancillería, Alejandro Celorio, aseguró en su cuenta de Twitter que el gobierno también se encargará de reparar el daño conforme lo establezca la Corte Interamericana.
“México reitera su compromiso con la protección de los derechos humanos y su respaldo a la labor de las y los defensores de derechos humanos. El Estado manifiesta una vez más su reconocimiento a la labor de la defensora Digna Ochoa y reitera su compromiso de honrar su memoria y su legado”, publicó.
Entre las recomendaciones de la CorteIDH destacan las siguientes:
Digna Ochoa fue una abogada que defendió, entre otros casos, denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas presuntamente por fuerzas de seguridad civiles y militares. La activista fue encontrada muerta en un despacho jurídico el 19 de octubre de 2001, presentaba un disparo en una pierna y otro en la cabeza.
Tras el deceso de la activista, las investigaciones apuntaron en principio a que fue un asesinato, pero después fiscales dirigieron la indagatoria a un posible suicidio, por lo que el caso se dio por cerrado.
La Corte dijo en un comunicado el miércoles que hubo “numerosas falencias en el manejo de la escena del crimen”, así como en la necropsia médico legal.
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“La investigación ‘absolutamente deficiente’ de su muerte por parte de las autoridades mexicanas no permitió arrojar luz sobre las circunstancias particulares que rodearon su muerte y, por tanto, constituyó, en sí misma, una violación a la obligación de garantizar el derecho a la vida de la señora Digna Ochoa“, detalla.
México debe investigar y eventualmente juzgar a los posibles responsables del fallecimiento, además de realizar un acto público de asunción de responsabilidad a nivel internacional, añadió.
Además, el Estado deberá reforzar sus planes de protección para los defensores de derechos humanos, implementar una campaña para reconocer la labor de estas personas e indemnizar a la familia de la víctima.
Con información de Reuters
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