El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó este jueves al Instituto Nacional de Migración (INM) informar sobre la participación de sus agentes en violaciones de derechos humanos, trata de personas o secuestros de migrantes que cruzaron o fueron detenidos en Tamaulipas en los años 2010 a 2014, así como las investigaciones y acciones que emprendió el organismo.
En un comunicado, el INAI indicó que el Instituto de Migración declaró como inexistente la información tras la petición de un ciudadano. Sin embargo, al analizar el recurso de revisión, los comisionados detectaron que el INM fue omiso en realizar una búsqueda amplia, exhaustiva y con un criterio de máxima publicidad en todas sus unidades administrativas.
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Norma Julieta del Río Venegas, comisionada ponente del proyecto, identificó que existe un Instituto en el INM cuya labor es documentar los temas de violación por parte de sus agentes. Por ello, precisó que “no puede declararse incompetente ante solicitudes de datos de lo que trabaja y para lo cual fue creado y que es el tema de migración”.
“Entonces, la impunidad no puede permear sobre los casos posibles de violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas”, aseguró.
Del Río Venegas afirmó que, de acuerdo con información de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), América Latina y El Caribe es la región más afectada por la pandemia de Covid-19, lo que ha traído un aumento en la pobreza, la falta de empleos y la desigualdad, situación que ha propiciado una crisis migratoria que, lejos de ceder, se ha recrudecido.
En ese contexto, la comisionada agregó que la información del INM podría servir para que las autoridades en la materia rindan cuentas sobre la contribución que han hecho para descriminalizar la migración.
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“Tenemos que conocer estos números y sus registros. No puede declarar su inexistencia un Instituto que se dedica precisamente a este tipo de situaciones, menos en la violación a los derechos humanos”, insistió.
Por último, señaló que su ponencia también identificó información oficial en la que se mencionan acciones de servidores públicos del INM que estarían relacionados con conductas inapropiadas y ajenas a los protocolos y políticas de respeto a los derechos humanos de migrantes.
