La organización Save the children pidió este lunes investigar el permiso concedido a Mariana Rodríguez y a su esposo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, para extraer del DIF estatal a un niño discapacitado y llevarlo a su casa por un fin de semana.
A través de redes sociales comunicaron que el menor de cinco meses de edad quedó expuesto y fue víctima de diversas violaciones a sus derechos como el de la vida privada y a la identidad.
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Save the Children incluso advirtio que pudo haberse cometido el delito de trata de personas por usar al bebé con fines políticos y mercantiles en las redes sociales de los políticos.
La organización de la sociedad civil afirmó que el pasado 15 de enero, el gobernador y su pareja solicitaron un permiso de convivencia familiar por un fin de semana con un bebé del Sistema Estatal DIF, sin tener ningún vínculo con él.
“El niño quedó expuesto y fue víctima de diversas violaciones a sus derechos como: Derecho a la vida privada, Derecho a la identidad, Derechos relacionados con la aplicación del interés superior establecido en la Constitución. Puede haberse cometido inclusive el delito de trata de personas por usar su imagen con fines políticos y mercantiles en las comunicaciones de sus redes sociales”, advirtió.
“Esta situación refleja las graves carencias de nuestros sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes (…) Legalmente, el caso debe investigarse, con la participación de las autoridades federales, dada la concurrencia que existe en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes”, escribió la organización no gubernamental (ONG) en Twitter.
En una serie de cuestionamientos, la ONG publicó “¿qué buscaban (Mariana y Samuel) una acción como esta? ¿Es esto lo que necesita un niño? ¿Ser expuesto en redes sociales y medios de comunicación? ¿Por qué pensamos que está bien?”.
Por otra parte, La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) pidió investigar el mismo permiso.
En un comunicado, la Redim también llamó a ambos funcionarios a evitar la cosificación de menores de edad ya que estos, al estar dentro del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), significa que sufrieron violaciones a sus derechos humanos.
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“Será muy importante conocer cuál es la valoración que se haga desde estas instancias sobre la protección de este niño a vivir en familia, a no ser revictimizado ni usado un fin de semana para generar beneficios en términos de popularidad y en redes sociales monetizadas. La revisión de los protocolos de adopciones y visitas será crucial para verificar que no se incumplió con la norma”, señaló la Redim a través de su directora ejecutiva, Tania Ramírez Hernández.
