Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, junto al canciller Marcelo Ebrard. Foto: Cuartoscuro
Por Isabella González
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció a la Relatora Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Desplazados Internos hacer una visita oficial a México… por videoconferencia.
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Así fue como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) buscó resolver la visita de este grupo de la ONU que pretende analizar de cerca y en primera persona la situación de miles de mexicanos desplazados por la violencia.
Con el pretexto de la pandemia de Covid-19, la SRE planteó una visita virtual que no habría servido para conocer la realidad de un fenómeno asociado a la inseguridad y al crimen organizado, que sólo en 2020 afectó a 9 mil 741 personas en 66 localidades de 25 municipios ubicados en ocho entidades del país, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
El desplazamiento forzado provocado por el ataque de grupos criminales a través de la extorsión y las agresiones no se detuvo por la pandemia.
La fallida visita de esta relatoría especial es un ejemplo de cómo el gobierno de López Obrador ha incumplido el calendario que tenía diseñado para las visitas de mecanismos internacionales a México.
A inicios de 2019, la SRE presentó el calendario de visitas de mecanismos y procedimientos especiales, cuyo objetivo es presentar informes y asesorar sobre derechos humanos a los países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
De acuerdo con una actualización del calendario de la SRE, entregado a Latinus vía transparencia, el gobierno de López Obrador tenía programadas en 2020 y 2021 la estancia en México de diversos mecanismos internacionales, pero las visitas no se concretaron.
El calendario establece que en los últimos dos años debieron visitar el país seis mecanismos especiales.
Hasta ahora sólo se han realizado tres visitas: la de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada.
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Las visitas contempladas que no se han realizado son de la Relatora Especial para la Trata de Personas, la Relatora para los Derechos Humanos de los Desplazados Internos y de la Relatora sobre la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos en la Lucha Contra el Terrorismo.
Integrantes de organizaciones no gubernamentales que atienden a víctimas de desplazamiento interno y de trata de personas urgen la presencia en México de estas relatoras de la ONU.
Desde noviembre de 2019, la Relatora Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, Cecilia Jiménez-Damary, solicitó al Estado mexicano, a través de la Cancillería, poder ingresar al país para hacer una visita oficial, pero aún no se ha concretado después de varias propuestas por establecer una fecha definitiva, explica Brenda Pérez, coordinadora del área de desplazamiento interno de la CMDPDH, en entrevista con Latinus.
En los últimos 10 años, la violencia ha provocado el desplazamiento y el cambio de residencia para más 50 mil personas, principalmente en Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Guerrero.
Frente a esta situación y porque actualmente se está diseñando un plan de respuesta para el desplazamiento interno en el país, Pérez advirtió que es indispensable una visita inmediata de la Relatora.
Como sucede con el desplazamiento interno, la situación de la trata de personas en México es un problema grave que requiere la presencia de una misión internacional.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reporta que en los últimos cuatro años, se han identificado 3 mil 896 víctimas de trata de personas en el país y alerta que en muchas ocasiones las víctimas de ese delito no son reconocidas como tales.
La directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), Teresa Ulloa, lamenta que el gobierno actual no tenga un programa nacional para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas.
Ulloa advierte que ahora es más difícil rescatar a las víctimas que en años anteriores y explicó que, en parte, esto es porque se retiró el financiamiento para las organizaciones civiles que atendían esta problemática.
“No le conviene al gobierno mexicano que venga una relatora, que seguramente se va a reunir con la sociedad civil a pesar de que el gobierno quiera desaparecernos y nos esté golpeando”, asegura.
La Relatora Especial de la ONU para la Trata de Personas nunca ha visitado México y el calendario de visitas de la Cancillería aún no establece una fecha definitiva para la presencia de la actual relatora, Siobhán Mullally.
De acuerdo con el calendario de la SRE entregado a Latinus, en los próximos años debe realizarse la visita del Grupo de Trabajo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Afrodescendientes y en el 2022 la del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia.
En 2023 se contempla la presencia en México del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Obligaciones de Derechos Humanos Relacionadas con la Gestión y Eliminación Ecológicamente Racionales de las Sustancias y los Desechos Peligrosos; y en 2024 la del Relator de las Naciones Unidas sobre Cuestiones de las Minorías.
La Cancillería dejó para el próximo sexenio las visitas de grupos especiales de la ONU relacionados con tortura, derecho al desarrollo, prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.
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