La comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra, rechazó este jueves que exista un “tema político” en la presentación de una controversia constitucional contra el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que declara como de seguridad nacional sus megaobras.
En entrevista tras acudir al Senado para participar en un foro sobre corrupción, indicó que los comisionados únicamente buscan “defender el derecho de las personas” para que se conozca el destino de los recursos públicos.
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“Aquí no hay un tema político, hay un tema que es para la sociedad, nosotros defendemos el derecho de las personas, de cualquier ciudadano que quiere saber qué se hace con los recursos públicos, cuál es el fondo de una decisión pública, ese es el principio que dio origen a las leyes de transparencia”, expresó.
Aseveró que el acuerdo promovido por el presidente López Obrador podría frenar el derecho a la información y adelantó que será durante los próximos cuatro días hábiles cuando la dirección jurídica del INAI acuda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para presentar la controversia constitucional.
Un día antes, el también comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, votó a favor de la controversia y dijo que existe un “riesgo inminente y evidencias” de que el decreto puede dar pie a que las autoridades invoquen “con mucha ligereza” la seguridad nacional en otros proyectos y que, en consecuencia, haya una gran cantidad de información que quede reservada.
“Jamás un derecho fundamental (el acceso a la información) puede ser limitado, interrumpido o aplazado salvo por norma constitucional o norma superior y, en un caso dado de reserva de ley, por una ley correspondiente. En este caso las leyes son la Ley General de Transparencia y la Ley Federal de Transparencia, que son las que nosotros invocamos para ejercer nuestra autoridad”, afirmó.
El 22 de noviembre, el presidente López Obrador declaró como de interés público y de seguridad nacional los proyectos y las obras de su administración que estén asociados a infraestructura de diversos sectores.
El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar “permisos provisionales” para la realización de los proyectos y obras del Gobierno federal, estableciendo un plazo de un año para su autorización definitiva.
Los proyectos podrán estar asociados a los sectores de comunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos, incluso turístico.
