El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció este miércoles que presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el acuerdo con el que se cataloga como asuntos de seguridad nacional a las principales obras de infraestructura del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El pleno del INAI aprobó la presentación de esta controversia constitucional en la sesión ordinaria de este miércoles, por lo que este organismo cuenta con un periodo de 30 días hábiles a partir de hoy para realizarla y exponerla ante la SCJN.
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Francisco Javier Acuña Llamas, uno de los comisionados del INAI, explicó su voto a favor porque consideró que existe el “riesgo inminente y evidencias” de que la interpretación que se hace con el decreto de seguridad nacional sea en menoscabo del derecho de acceso a la información pública.
Este decreto, advirtió, puede dar pie a que fomente el pretexto de invocar “con mucha ligereza” la seguridad nacional en otros proyectos y que, en consecuencia, haya una gran cantidad de información que quede reservada.
“Jamás un derecho fundamental (el acceso a la información) puede ser limitado, interrumpido o aplazado salvo por norma constitucional o norma superior y, en un caso dado de reserva de ley, por una ley correspondiente. En este caso las leyes son la Ley General de Transparencia y la Ley Federal de Transparencia, que son las que nosotros invocamos para ejercer nuestra autoridad”, indicó el comisionado.
La comisionada Julieta del Río Venegas reiteró que el INAI es autónomo y puede realizar este procedimiento aun cuando el Ejecutivo federal aplique el recurso especial al decretar un asunto como de seguridad nacional.
“Este instituto es la última instancia en materia de acceso a la información para los sujetos obligados (…). Quiero manifestar mi voto totalmente a favor de que el pleno del INAI considere conveniente y oportuno que se interponga dicha controversia constitucional en el plazo previsto para garantizar el derecho al acceso a la información”, dijo la comisionada del Río Venegas.
El 18 de noviembre, Latinus presentó un reportaje, construido a través de solicitudes de información pública, sobre 966 contratos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que se han entregado a empresas fantasma, es decir, compañías acusadas de desvío de recursos, proveedores que antes tenían otro giro comercial y pequeños comercios que surtieron miles de productos.
Cuatro días después de la publicación, el presidente publicó este decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que legisladores de oposición y otras instancias a favor de la información pública expresaron sus quejas.
