Por Enrique Pons Franco
Hay varias formas de entender el mensaje que nos deja “Duda razonable®”, la recién estrenada docuserie de Netflix®. A mi juicio, todas nos llevan al mismo destino: La historia de varias infamias. La más visible, la cometida en contra de cuatro personas, de las cuales tres, a la fecha, se encuentran privadas de la libertad -en espera de la resolución definitiva de un amparo directo- acusadas de un secuestro, que según las deficientes pruebas aportadas por la Fiscalía estatal y la “valoración” que de ellas hicieron los juzgadores locales, fueron suficientes para sentenciarlos a 50 años de prisión. Sin embargo, detrás, hay otras que no debemos perder de vista. De eso quiero hablarte hoy.
“Duda razonable®” presenta también la vergüenza de fallarle a la víctima primaria, es decir, a la mujer que fue secuestrada y a la que se le “hizo justicia” porque las instancias de procuración de justicia y los tribunales, le presentaron a unos culpables. Con ello, caso cerrado. Pero ¿cómo se llegó allí?, la respuesta es bastante clara. Por medio de graves afrentas a las instituciones, al debido proceso, y sobre todo, a los derechos de la víctima, de los presuntos culpables, de los abogados que los representaron, pero también, de la sociedad, consumidor final de lo que se conoce como estado de derecho.
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En ese contexto, “Duda razonable®” me lleva aretomar la frase “nada se parece tanto a la injusticia, como la justicia tardía”, atribuida al filósofo romano Lucio Séneca, y aderezarla con tantas cosas que en México se parecen tanto a la injusticia, disfrazada de justicia. Elementos como la tortura, la corrupción dentro de los sistemas creados para procurarla e impartirla, y sin lugar a dudas, la colusión de funcionarios públicos en forma de pandilla, para tratar de sostener indebidamente ante los tribunales, lo que debe ser un trabajo que exige los más altos estándares de respeto y protección de los derechos humanos de todos los involucrados.
Ahora bien, la terrible historia que se nos exhibe, como muchas otras que acontecen en México (y seguirán), comienza con la detención de cuatro personas por parte de la policía municipal, que después son puestas en manos del Ministerio Público estatal y juzgadas por jueces locales. Bueno, como si se tratara del guion de otra película, todas estas autoridades son en las que menos confía la sociedad.
Así lo refleja la “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019”, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y que arroja el porcentaje de población con más 18 años que considera a las autoridades más corruptas, y sí, casi en el mismo orden en el que aparecen en “Duda razonable®”, es la secuencia en la que la sociedad las percibe como corruptas. Primero las policías municipales (67.9%), luego los ministerios públicos y fiscalías (65.5%), por último, los jueces (68.8%).
La importancia de “Duda razonable®”, no es nada más darle visibilidad a un caso de los muchos que existen en México sobre violaciones graves a los derechos humanos y la infamia que representa la lentitud con la que trabaja nuestro sistema de justicia. También pone de relieve el trabajo de Andrés Andrade, como abogado defensor de los inculpados, y de las tretas, emboscadas procesales y hasta de posibles atentados contra la vida de quienes representan casos incomodos, y de los que se valen las autoridades mexicanas para desgastarlos, someterlos e intimidarlos.
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Prueba de ello es que en el “Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados” elaborado por el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recomendó desde el 2011 al estado mexicano, adoptar de manera urgente un sistema integral de prevención y protección para abogadas, abogados, defensoras y defensores públicos, tanto a nivel federal como en las entidades federativas, para protegerlos de amenazas e intimidaciones, situación que a la fecha, sigue sin ser atendida en todos los ámbitos.
Así, mientras llega el desenlace y resolución final del amparo directo de Héctor, Gonzalo y Juan Luis, a cargo del Tribunal Colegiado en Materia Penal con residencia en Villahermosa, Tabasco, nos leemos la próxima semana. Te espero en twitter como @enrique_pons y en FB como https://www.facebook.com/Enriqueponsfranco.
