Aplazan interrogatorios a exfuncionarios del Conacyt por sospecha de Covid

Aplazan interrogatorios a exfuncionarios del Conacyt por sospecha de Covid
FOTO: Cuartoscuro / Archivo.

Los dos primeros interrogatorios dispuestos para este martes por parte de Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para los integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) fueron reprogramados debido a la sospecha de que uno de los fiscales del caso contra los 31 investigadores y exfuncionarios presentaba un contagio de Covid-19.

Luego de que se descartara el contagio del funcionario, las citas a declarar se realizarán este miércoles, a las que deberán presentarse María Mónica Ramírez Bernal, licenciada en matemáticas aplicadas por el ITAM con maestría en Gerencia Pública por el CIDE, así como Rafael Pando Cerón, que se desempeñó como director de Planeación Tecnológica del Conacyt.

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Otros dos integrantes del FCCyT fueron citados a rendir declaración el próximo jueves, confirmó a Latinus Gabriela Dutrénit Bielous, quien fue coordinadora general del Foro Consultivo de 2012 a 2014.

Este lunes, alrededor de 60 académicos de universidades en Estados Unidos y Europa, en su mayoría adscritos a los departamentos de Estudios Latinoamericanos, firmaron un comunicado en el que condenaron el “clima de intimidación” generado por las autoridades mexicanas con la demanda contra el FCCyT, órgano autónomo de consulta permanente del Conacyt.

Los académicos de las universidades Harvard, Princeton, Stanford y Oxford, entre otras, reconocieron “la valentía e independencia judicial de los jueces mexicanos que han resistido hasta ahora presiones políticas para aceptar una orden de aprehensión basada en argumentos legales dudosos”, que solicitó la Fiscalía General de la República (FGR) bajo los cargos de crimen organizado y lavado de dinero.

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“Confiamos en que se mantendrán las salvaguardias democráticas en México para garantizar un debate público abierto y continuo; y que se privilegiará el Estado de derecho y un debido proceso legal, como la mejor manera de conciliar la protección de la libertad académica y la vigilancia del uso de fondos públicos con fines científicos”, manifestaron los académicos en apoyo al FCCyT.

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