Más de una docena de sociedades científicas en el país rechazaron las “desmedidas acusaciones” que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) contra investigadores y exfuncionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), a quienes acusó de lavado de dinero.
En un pronunciamiento conjunto, las mesas directivas de 14 academias y sociedades científicas protestaron por las acciones tomadas por la FGR “sin mediar la presunción de inocencia y sin respetar las reglas del debido proceso”, y señalaron que ni la Secretaría de la Función Pública ni la Secretaría de Hacienda emitieron observaciones sobre el presunto mal manejo de los recursos del FCCyT.
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“Rechazamos el agravio que el gobierno federal hace a la comunidad académica mexicana y nos manifestamos preocupados por este daño, que provoca división y una mala percepción de la sociedad acerca del trabajo que realizamos en beneficio de nuestro país”, expresaron las agrupaciones respecto al caso contra los investigadores.
Las 14 entidades que firmaron el pronunciamiento son la Academia de Ciencias de Baja California, Academia de Ciencias de Morelos, Asociación de Infectología y Microbiología Clínica, Biólogos Colegiados de Jalisco, Federación Mexicana de Colegios de Biólogos, Sociedad Matemática Mexicana, Sociedad Mexicana de Biología del Desarrollo, Sociedad Mexicana de Bioquímica, Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería, Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas, Sociedad Mexicana de Inmunología, Sociedad Mexicana de Investigación en Operaciones, Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo y la Sociedad Mexicana de Proteómica.
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se sumó también al respaldo manifestado desde hace días por agrupaciones de varios gremios en favor de los 31 investigadores acusados por la FGR por uso indebido de recursos públicos, y exigió que los implicados tengan acceso a las carpetas de investigación en su contra, “para defenderse de forma adecuada”.
“Consideramos que la acusación realizada por la FGR ha ido demasiado lejos al tipificarla como delincuencia organizada. Hacemos un enérgico llamado a que se promueva el Estado de Derecho, comenzando por respetar el debido proceso para que toda acusación esté debidamente motivada y fundamentada; además de que se respeten los derechos de los acusados y se les permita tener acceso a la totalidad de la información y carpetas de la investigación para defenderse de forma adecuada”, expresó la patronal.
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Y señaló también: “Advertimos que frente a la urgente necesidad de consolidar nuestras libertades y nuestra democracia, no cabe ningún tipo de revanchismo ideológico en contra de la comunidad científica e intelectual del país”.
