La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó la primera demanda civil en el extranjero para recuperar activos vinculados con operaciones financieras ilegales realizadas por el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, así como por otras personas.
El litigio se presentó por la dependencia perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el estado de Miami, Estados Unidos.
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La institución, a cargo de Santiago Nieto Castillo, informó que estos activos se derivan de “un gran esquema ilegal de contratación en el sector de la seguridad y defensa nacional, relacionado con el exsecretario“.
La acción judicial se presentó en las cortes de Miami, Florida, en Estados Unidos, donde la UIF identificó un importante número de empresas y propiedades asociadas a los actos de corrupción política y lavado de dinero que integran el litigio.
La demanda abarca 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a García Luna, “sus cómplices y/o familiares”, que tienen operaciones en Florida y son dueñas de propiedades adquiridas con dinero derivado de un esquema de contrataciones ilegales.
El pasado 16 de agosto, un tribunal de Nueva York retrasó dos meses más la audiencia de preparación del juicio de García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, acusado de presuntos delitos de narcotráfico. La sesión iba a celebrarse el 25 de agosto y se ha pospuesto al 26 de octubre.
En Estados Unidos, el exfuncionario enfrenta 5 cargos, entre ellos el de participar en un proyecto criminal continuado y el de conspiración para la importación de cocaína.
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García Luna, que fue secretario de Seguridad durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), se encuentra detenido en una cárcel de Brooklyn (Nueva York) a la espera de su juicio ante una corte federal de Estados Unidos.
El exsecretario fue arrestado en diciembre de 2019 en Dallas (Texas, Estados Unidos) y acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, mientras era el encargado de la seguridad nacional de México.
De acuerdo con el gobierno estadounidense, lo anterior habría permitido el envío de toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos.
